Imagen de la Patagonia chilena |
Los recursos han sido presentados
por varias organizaciones ecologistas y parlamentarios de diferentes partidos,
que sostienen que la autorización para construir las presas vulnera el derecho
fundamental a un medio ambiente limpio, recogido en la Constitución chilena.
También señalan que en el proceso de tramitación del proyecto se han dado
irregularidades, presiones, aspectos controvertidos y conflictos de intereses,
etc. Todos ellos han calificado la decisión del Tribunal de Apelaciones como
una gran noticia para el medio ambiente y para los chilenos, que, según las
encuestas, en un 70% se oponen a esta construcción.
El proyecto supone inundar unas 6.000
hectáreas de tierra en la Patagonia de Chile, para construir cinco
mega-represas sobre los cauces de los ríos Baker y Pascua, con el fin de
generar 2.750 megavatios de energía eléctrica que luego serán trasladados 2.000
kilómetros al norte mediante líneas de alta tensión.
El Gobierno chileno y la empresa
argumentan que esta electricidad es necesaria para abastecer las crecientes
necesidades energéticas del país. Sin embargo, los detractores del proyecto,
que han protagonizado protestas y manifestaciones, sostienen que hay muchas
otras alternativas para Chile y que no está justificada la destrucción de un
ecosistema virgen como la Patagonia.
Aunque la empresa se ha
apresurado a afirmar que esta decisión no afecta a sus planes y que cumplirá
los calendarios previstos, lo cierto es que el fallo es un nuevo golpe para sus
pretensiones, que nuevamente se retrasarán. Además se abre un espacio para que
todos aquellos que se oponen al proyecto puedan seguir trabajando. Sin duda, y
a la espera de lo que ocurra en el futuro, esto ya es una buena noticia.
Mabel González Bustelo, campaña
de Conflictos y Medio Ambiente de Greenpeace
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