En la pequeña localidad de Conguimi, de etnia shuar y perdida en la Cordillera del Cóndor, que es una joya verde en la provincia amazónica ecuatoriana de Zamora Chinchipe, el Gobierno selló las pozas tóxicas con una cinta amarilla que alerta de su peligrosidad.
Las abrieron excavadoras al perforar el suelo, de donde salía agua, que los mineros usaban allí mismo para lavar el oro con mercurio, según Fernando Luna, ingeniero ambiental de la prefectura de Zamora Chinchipe.
Las abrieron excavadoras al perforar el suelo, de donde salía agua, que los mineros usaban allí mismo para lavar el oro con mercurio, según Fernando Luna, ingeniero ambiental de la prefectura de Zamora Chinchipe.
Cerca de allí, en un descampado en Wawintza, se ha podido constatar cómo cerca de diez máquinas removian la tierra en busca de oro, en una zona incrustada en medio de la majestuosa naturaleza y envuelta por varios ríos.
Se trata de una operación ilegal, según los habitantes de la región, en la que las garras de las excavadoras perforan la tierra sin contemplación y han llegado a cambiar el curso del río. Luna explicó que a menudo los propietarios de las tierras llegan a acuerdos para que los mineros excaven sus fincas, pero esta actividad contamina el agua y la misma tierra.
El Gobierno ha realizado operativos contra las explotaciones ilegales, al mismo tiempo que intenta desarrollar la minería a gran escala, otorgando concesiones a multinacionales con tecnología que minimizará los impactos ambientales, según dice.
Sin embargo, grupos indígenas y ecologistas se oponen a esa estrategia, y ese rechazo se manifiesta en una marcha que se inició en Zamora Chinchipe el 8 de marzo y que llegará el 22 a Quito.
Por otro lado, la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI) ha llegado a acuerdos con organizaciones locales para recuperar zonas dañadas por la minería ilegal.
Una de ellas es la asociación Kenkuim Kurinunka, con 63 socios, que restaurarán alrededor de 400 hectáreas de Conguimi y alrededores y luego practicarán "una pequeña minería" acorde con el medio ambiente, según su gerente, Alipio Joaquin Wajari.
La ENAMI ha firmado convenios similares con un total de 3.000 habitantes de la provincia, de acuerdo con Wajari.
"Primero vamos a subsanar el líquido vital, que es el agua, que está mezclada con mercurio, diesel y otros productos", relató Wajari, quien añadió que luego recogerán el mercurio del suelo y reforestarán la zona. Explicó que a finales de mes esperan iniciar sus operaciones, después de que en febrero suscribieran con el Gobierno un acuerdo indefinido y de exclusividad de explotación, siempre y cuando "cumplan el contrato" de recuperar las tierras y de practicar una minería responsable con el ambiente.
"Somos de aquí, nosotros vamos a vivir aquí toda la vida, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también, tenemos que tratar la tierra lo mejor que podemos", resaltó. El director de la escuela de Conguime, Domingo Ankuash, relató que durante diez años se practicó allí la minería artesanal, pero que en 2010 el gobierno la prohibió y confiscó las excavadoras de los mineros. "El Estado consideró que se había realizado una minería irresponsable e ilegal", apuntó.
Ankuash aseguró que en un inicio los mineros habían llegado a un acuerdo con las comunidades para reforestar la zona mientras la iban explotando, pero al final fueron desalojados a la fuerza por la policía.
"Todas las pozas son las ruinas que se han dejado con la presencia del Estado y de lo que hicieron los mineros", afirmó. A su juicio, el Estado tendría que haber "regulado y recuperado las tierras" primero y luego haber pedido a los mineros que se fueran, "pero no fue así, simplemente los desalojaron y no se recuperaron".
Aunque reconoció que la minería genera trabajo, recordó que antes de que llegara había "un bonito ambiente y un bonito espacio". Por ello, Ankuash pidió apoyo al gobierno para propiciar el turismo en la zona, que es "otra de las alternativas que puede brindar a la sociedad bienestar y supervivencia".
"Recuperar las tierras y ofrecer (...) lo que es nuestra costumbre, gastronomía y los ritos que hacemos como nacionalidad shuar", aseveró.
Fuente: 20 minutos.
El Gobierno ha realizado operativos contra las explotaciones ilegales, al mismo tiempo que intenta desarrollar la minería a gran escala, otorgando concesiones a multinacionales con tecnología que minimizará los impactos ambientales, según dice.
Sin embargo, grupos indígenas y ecologistas se oponen a esa estrategia, y ese rechazo se manifiesta en una marcha que se inició en Zamora Chinchipe el 8 de marzo y que llegará el 22 a Quito.
Por otro lado, la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI) ha llegado a acuerdos con organizaciones locales para recuperar zonas dañadas por la minería ilegal.
Una de ellas es la asociación Kenkuim Kurinunka, con 63 socios, que restaurarán alrededor de 400 hectáreas de Conguimi y alrededores y luego practicarán "una pequeña minería" acorde con el medio ambiente, según su gerente, Alipio Joaquin Wajari.
La ENAMI ha firmado convenios similares con un total de 3.000 habitantes de la provincia, de acuerdo con Wajari.
"Primero vamos a subsanar el líquido vital, que es el agua, que está mezclada con mercurio, diesel y otros productos", relató Wajari, quien añadió que luego recogerán el mercurio del suelo y reforestarán la zona. Explicó que a finales de mes esperan iniciar sus operaciones, después de que en febrero suscribieran con el Gobierno un acuerdo indefinido y de exclusividad de explotación, siempre y cuando "cumplan el contrato" de recuperar las tierras y de practicar una minería responsable con el ambiente.
"Somos de aquí, nosotros vamos a vivir aquí toda la vida, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también, tenemos que tratar la tierra lo mejor que podemos", resaltó. El director de la escuela de Conguime, Domingo Ankuash, relató que durante diez años se practicó allí la minería artesanal, pero que en 2010 el gobierno la prohibió y confiscó las excavadoras de los mineros. "El Estado consideró que se había realizado una minería irresponsable e ilegal", apuntó.
Ankuash aseguró que en un inicio los mineros habían llegado a un acuerdo con las comunidades para reforestar la zona mientras la iban explotando, pero al final fueron desalojados a la fuerza por la policía.
"Todas las pozas son las ruinas que se han dejado con la presencia del Estado y de lo que hicieron los mineros", afirmó. A su juicio, el Estado tendría que haber "regulado y recuperado las tierras" primero y luego haber pedido a los mineros que se fueran, "pero no fue así, simplemente los desalojaron y no se recuperaron".
Aunque reconoció que la minería genera trabajo, recordó que antes de que llegara había "un bonito ambiente y un bonito espacio". Por ello, Ankuash pidió apoyo al gobierno para propiciar el turismo en la zona, que es "otra de las alternativas que puede brindar a la sociedad bienestar y supervivencia".
"Recuperar las tierras y ofrecer (...) lo que es nuestra costumbre, gastronomía y los ritos que hacemos como nacionalidad shuar", aseveró.
Fuente: 20 minutos.
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