El miércoles de la semana pasada, miembros de la comunidad indígena Pukobjê-Gavião, en el estado brasileño de Maranhão, bloquearon
cuatro camiones y un tractor cargados de madera procedente de
operaciones de tala ilegal en el interior de sus tierras. Los indígenas se sienten solos, ya que el problema de la tala ilegal no interesa a las autoridades locales o federales. Pero los Pukobjê-Gavião se niegan a quedarse parados mientras los madereros están destruyendo ilegalmente sus bosques.
Las amenazas y las agresiones han sido la respuesta de los madereros. Frederico Pereira Guajajara, de la vecina tierra indígena "Arariboia", fue asaltado cuando comenzó a filmar el bloqueo de los indígenas a los camiones que estaban tratando de salir de su territorio. "Los madereros me golpearon en la cabeza, me empujaron, me rompieron el teléfono y quisieron tirarme al fuego, pero no lo hicieron debido a la presencia de otros manifiestantes".
Tras estos sucesos, se informó al Consejo Indigena Misionero (CIMI) y al Ministerio Público Federal. La policía investigó los hechos y requisó la maquinaria a los madereros. Entonces, un grupo de 100 personas (formado por los madereros, según informes de medios de comunicación) hizo una barricada y quemó neumáticos en la carretera de acceso al territorio para evitar que la policía saliese de la tierra indígena con la maquinaria incautada.
Según Augusto Gavião, líder de una aldea, la policía ha abandonado el área sin previo aviso, por lo que los indígenas están siendo nuevamente amenazados. "No somos capaces de ir a la ciudad, porque es peligroso para nosotros. Estamos amenazados por los madereros, que llaman y dicen que van a matarnos", dijo Gavião.
"La situación no se ha resuelto. Estamos esperando que la Funai (la Fundación Nacional del Indio, del gobierno de Brasil) contacte con nosotros de nuevo, esta vez con los fiscales y la policía. Los camiones tienen que ser retirados de nuestra tierra".
El fiscal del municipio de Imperatriz, Douglas Fernandes, ha declarado que están exigiendo a la Policía Federal, la Funai y al Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente) que resuelva el caso, y reconoce que la tala ilegal de tierras indígenas es una práctica común en la región.
En mayo de 2012, Greenpeace denunció las prácticas generalizadas de tala ilegal en la región, impulsadas por la demanda de carbón vegetal de la industria del acero. Greenpeace documentó sus denuncias con un informe sobre los impactos de esta industria en el que se incidía en las condiciones degradantes en esta cadena de producción, incluyendo la invasión de áreas protegidas para la extracción ilegal de madera y el trabajo esclavo.
Dos meses después de los hechos denunciados, la industria de Maranhão firmó un compromiso público con el objetivo de Deforestación Cero en su cadena de suministro.
En virtud del acuerdo, los productores tenían dos años para implementar un sistema de cadena de custodia, que asegurara que ninguno de sus proveedores producirá carbón vegetal con madera procedente de la deforestación o la conversación de selva en plantaciones de eucaliptos.
La falta de gobernabilidad en la Amazonia y las amenazas del nuevo Código Forestal ha dado lugar a que en 2012 se lanzara una iniciativa ciudadana para aprobar en el Congreso brasileño una ley de Deforestación Cero en Brasil. La iniciativa busca 1.400.000 firmas de brasileños y brasileñas para conseguir esta ley y acabar definitivamente con la deforestación a gran escala de la Amazonia y el aumento de zonas degradadas.
Apenas unos meses después, más de 600.000 personas habían firmado la iniciativa ciudadana. De acuerdo con las leyes brasileñas, si 1,4 millones de personas apoyan la iniciativa de Deforestación Cero, ésta podría presentarse al Congreso brasileño y podría llegar a ser una ley.
Fuente: Greenpeace
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