La política forestal en castilla La Mancha retrocede 150 años

La política ambiental del Partido Popular acaba de anunciar una nueva vuelta de tuerca en su plan para desmantelar el edificio jurídico y administrativo sobre la que se sustenta la conservación del patrimonio natural en España. 

Ya lo venía avisando el exministro Lamo de Espinosa desde hace tiempo, y podría ser la antesala de la reforma de la Ley de Montes anunciada por Arias Cañete para los próximos meses.

La propuesta no es nueva, ya la hemos vivido, con resultados catastróficos para el medio ambiente y, según los expertos, bastante discretos para la Hacienda del Estado.

La Junta de Castilla-La Mancha ha elaborado un listado de 50 montes de utilidad pública que van a ser puestos en venta. Decenas de miles de hectáreas de alto valor ecológico pueden pasar a manos privadas. Volvemos así al 1 de mayo de 1855, cuando el Gobierno de entonces aprobó la Ley General de Desamortización elaborada por Pascual Madoz y que supuso la enajenación y venta de los bienes de propios y montes comunales de los pueblos. La privatización de los bienes de propios, gestionados por los ayuntamientos, y comunales, gestionados por los vecinos, supuso un aldabonazo a la economía y modos de vida rural de numerosos pueblos de España.

Ha quedado abierta la posibilidad de que los españoles, como colectivo, tengamos un deja vu y volvamos a revivir algo que permanece en la memoria colectiva.

Este regreso al pasado se produce después de haber celebrado el Año Internacional de los Bosques en 2011 o el 150 aniversario del primer Catálogo de Montes Exceptuados de la Desamortización en 2012. Este último catálogo, de 1859, fue elaborado por la primera generación de ingenieros de montes con el objetivo de salvar de la venta a los mejores montes que la Hacienda Pública quería poner en venta. Catálogo que sería el germen del Catálogo de Montes de Utilidad Pública que ha vertebrado buena parte de la política forestal y de conservación del último siglo.

Y este desprecio a lo público se produce en un momento en el que en muchos pueblos de España se saca pecho y se busca la revalorización de los enormes esfuerzos económicos realizados entonces por los vecinos para comprar los montes (los suyos) que el Estado sacó a subasta, hoy denominados Montes de Socios. Justo en un momento en el que de la propiedad comunal en Galicia se reivindica como fórmula de éxito para conjugar los usos productivos, sociales y recreativos. Lo público tiene valor, lo que es de todos funciona.

Si alguien no sabía o recordaba en que consistieron las desamortizaciones del siglo XIX, en especial a Desamortización de Madoz, ya puede agradecerle a la presidenta de la Junta de Castilla-la Mancha esta lección de historia. Pero hay que recordarle a María Dolores de Cospedal que aquella operación fue un desastre para el patrimonio forestal. Sirvió, eso sí, para agrandar las haciendas y el poder de los ya enriquecidos terratenientes de entonces. ¿O es en eso en lo que realmente están pensando?