En la Comunidad de Madrid son escasas las noticias relacionadas con la demolición de construcciones levantadas irregularmente y en contra de las normas urbanísticas y ambientales. Por ello resulta especialmente destacable lo que se ha logrado, en la finca Cortijo del Cristo de los Remedios, en Robledo de Chavela, sobre suelo no urbanizable protegido y dentro del ámbito de la Zona de Especial Protección para las Aves de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio. Allí se está procediendo a la demolición de trece construcciones ilegales tras años de procedimiento judicial y con una sentencia firme condenatoria desde el año 2004.
Desde 1998, los propietarios de la finca levantaron las construcciones en suelo protegido, sin contar con licencia municipal, ni autorización de la Comunidad de Madrid y sin haber sometido el proyecto a evaluación ambiental. Entre las construcciones destacan una vivienda de dos plantas, una plaza de toros, una capilla o cuadras para caballos. Los Agentes Forestales denunciaron los hechos y posteriormente se personó la Asociación para la Defensa del Valle de Lozoya y de la Sierra de Madrid, entidad colaboradora de Ecologistas en Acción.
En 2004 la Audiencia Provincial dictó sentencia firme condenatoria contra el propietario de la finca, obligando a la demolición de las construcciones al no respetar ni las Normas Subsidiarias del término municipal ni haber obtenido los permisos correspondientes. La sentencia, además estableció la necesidad de la restauración de la zona a su estado original.
Aunque el propietario llevó a cabo una demolición parcial de algunas construcciones, lo cierto es que, durante todo este tiempo, ha intentado legalizar las restantes. El Ayuntamiento de Robledo de Chavela y la Consejería de Medio Ambiente abrieron expedientes sancionadores y esta última, llegó a emitir orden de demolición, pero no se ejecutó. Y eso a pesar de que el Juzgado había delegado expresamente en la Consejería para llevar a cabo la ejecución de la sentencia firme, ante la falta de cumplimiento voluntario por parte de su autor. Incluso, en 2011, la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid emitió informe favorable para su legalización.
En abril de 2013 el Juzgado de ejecutorias ordenó incoar diligencias previas contra el propietario por la comisión de un presunto delito de quebrantamiento de condena, al no ejecutar oportunamente una sentencia tras más de diez años. Por ello, el propietario está procediendo ahora a la demolición de las grandes construcciones levantadas, entre ellas, la plaza de toros.
La Asociación para la Defensa del Valle de Lozoya y Ecologistas en Acción lamentan que la legalidad ambiental y urbanística quede en manos de las asociaciones particulares. Prueba de ello es la gran cantidad de denuncias interpuestas por los agentes forestales de la Comunidad de Madrid que se archivan o caducan por no resolverse en plazo.
Fuente: Ecologistas en Acción.
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