A miles de kilómetros de distancia, ambos sucesos son caras de un conflicto letal que ocurre prácticamente a espaldas del mundo en la Amazonía peruana.
Edwin Chota y otros tres líderes de la comunidad indígena Ashaninka fueron asesinados este mes. Nadie supo de su muerte hasta que sus viudas llegaron a la ciudad de Pucalpa para alertar a las autoridades.
"Lo más trágico de este caso es que pudo haber sido prevenido. Se sabía que Edwin Chota estaba amenazado por madereros ilegales y había pedido protección a las autoridades", le dijo a BBC Mundo Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental, una ONG con sede en EE.UU.
Chota era un líder conocido internacionalmente y había aparecido en reportajes de The New York Times y National Geographic.
En respuesta al ataque, el gobierno nombró una comisión para investigar la tala ilegal a lo largo de la frontera con Brasil.
Y la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, aseguró que tendrá "todos los poderes necesarios para detener la extracción ilegal de madera". Las autoridades también anunciaron que un sospechoso fue detenido.
Pero el asesinato de Chota y sus compañeros deja en evidencia, según observadores, la impunidad con que opera una vasta red de explotación maderera ilegal que en el caso de Perú parece tener una presencia epidémica.
Un estudio del Banco Mundial de 2012 estimó que hasta el 80% de la madera exportada por Perú es talada en forma ilegal.
Y una operación conducida por la aduana con apoyo de Interpol este año decomisó, en sólo tres meses, un volumen de madera ilegal suficiente para llenar más de seis piscinas olímpicas.
¿Quién está detrás de este negocio? ¿Dónde acaba esa madera?
Se trata de una trama de muchos niveles y protagonistas, pero en la línea de fuego están las comunidades indígenas, como la que lideraba Chota.
El sueño de Edwin Chota
Chota era el líder elegido del pueblo ashaninka de Saweto, una comunidad cercana a Brasil.
La etnia ashaninka existe a ambos lados de la frontera. Para llegar desde Lima hay que volar a Pucalpa y desde allí navegar por río hasta siete días.
David Salisbury, geógrafo y profesor de la Universidad de Richmond, en Virginia, Estados Unidos, conoció a Chota durante más de diez años y venía asesorando a su comunidad en su lucha por obtener títulos para sus tierras.
"Edwin era un hombre supercarismático y con una fuente de energía increíble. No paraba de pensar", le dijo Salisbury a BBC Mundo.
"Él sólo había escrito más de 100 cartas a más de 20 instituciones en Lima, Pucalpa y Brasil y pensaba llevar su lucha a la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Chota tenía una visión de tener piscigranjas y desarrollar una comunidad modelo con fuentes de ingreso alternativas.
Pero también era consciente de la realidad que enfrentaba.
"En las fronteras amazónicas hay falta de presencia del Estado y quien tiene más armas es la ley. Pero Edwin no temía a los madereros, sacó fotos y marcó con GPS la presencia en su comunidad de madereros ilegales", agregó Salisbury.
"Mafias"
Los trabajadores con sus motosierras son la cara más visible de la tala ilegal.
Pero "buscar al talador que está cortando el árbol no es la solución al problema", según Urrunaga.
"Ellos trabajan muchas veces en condiciones casi de esclavitud y es gente que hace eso básicamente para sobrevivir. El problema aquí son las mafias que están detrás".
"Está el patrón que organiza a la cuadrilla que va a entrar al campo, pero esa persona tampoco es el problema en realidad, detrás hay una organización mucho más compleja. Y el objetivo de esta tala ilegal es principalmente los mercados internacionales".
Desde el patrón que vende a aserraderos que a su vez venden a otros intermediarios la madera se moviliza con papeles aparentemente legales pero que no reflejan la realidad.
"Lo que pasa es que hay un sistema legal que funciona en paralelo. El sistema de concesiones forestales se usa para lavar madera", le dijo Urrunaga a BBC Mundo.
"Yo voy y pido mi concesión, lo único que quiero es la fachada legal. Y muchas veces la autoridad aprueba la concesión sin ir al campo y luego los papeles son usados para movilizar madera que extraigo de otra zona del país".
Corrupción "estructural"
Toda una cadena de documentos puede basarse en inventarios falsos.
En su investigación del año pasado, el New York Times documentó la corrupción de funcionarios locales.
Un exinspector aseguró haber recibido ofertas de miles de dólares para "hacer la vista gorda" y expresó su frustración por arrestos rápidamente revertidos por jueces locales.
BBC Mundo planteó estas críticas a la Dra Fabiola Muñoz, directora del Servicio Nacional Forestal de Perú, SERFOR.
"Lo primero que quiero decir es que lamento profundamente el asesinato de Edwin Chota. Estuvimos en una reunión justamente hace un par de meses en mi oficina con él y David Salisbury y lamento profundamente este suceso", expresó Muñoz.
Muñoz dijo que "el tema de la corrupción, de la minería ilegal, de la tala ilegal son problemas estructurales que tenemos que combatir y el tema para la corrupción es tolerancia cero".
"Desde hace varios años atrás el gobierno tomó por ejemplo la decisión de crear el Osinfor, un organismo que revisa las inspecciones para estar seguros que se está aprovechando de manera sostenible el bosque".
"Se está tratando de trabajar con la policía, la fiscalía especializada en materia ambiental, de hacer un esfuerzo conjunto. No es fácil y no es solamente un problema de una institución".
Muñoz dijo que otro obstáculo es el posible vínculo entre la tala ilegal y el narcotráfico.
"En líneas generales en zonas donde hay denuncia de tala ilegal también se puede encontrar en algunos casos rutas de narcotráfico y en otros casos áreas donde hay sembrada coca.
"Muchas veces los madereros ilegales junto con aquellos que están sembrando coca o los narcotraficantes tratan de generar áreas en las que el Estado no puede entrar y se cubren entre ellos. Son economías ilegales".
El laberinto
Rastrear la movilización de la madera es sumamente difícil, según Urrunaga. Salvo que se trate de especies protegidas, como cedro y caoba, que requieren documentos especiales para exportación, en general no se detalla la especie y algunos registros hablan de "tablas de madera".
La Agencia de Investigación Ambiental rastreó el traslado desde Perú de 112 embarques de madera ilegal de cedro y caoba importados por empresas en EE.UU.
El estudio, publicado en 2012 y titulado "La máquina del lavado", destacó especialmente una corporación, el Grupo Bozovich, con sede en EE.UU. y sucursales en Perú y México, entre otros países.
Setenta de los 112 embarques rastreados procedían de la sucursal peruana de la corporación, Maderera Bozovich.
En un comunicado emitido en 2012, el presidente de la corporación, Drago Bozovich, respondió: "El informe de la EIA injustamente muestra a nuestra compañía como cómplice en una conducta ilegal".
"A cada paso, las agencias oficiales y funcionarios revisan y certifican la legalidad de la producción. Como compañía debemos basarnos en ese sistema en nuestras compras. Si hay fraude o conducta criminal en el terreno, hemos sido tan engañados como los funcionarios oficiales".
BBC Mundo planteó nuevamente las acusaciones de la EIA al grupo Bozovich.
La empresa respondió: "Nosotros en Bozovich aplicamos un filtro estricto a nuestros proveedores y fuertes medidas de debida diligencia en todas nuestras compras".
No sólo Estados Unidos o Europa son destino de embarques ilegales.
También se ha denunciado que, por ejemplo, la madera de un árbol llamado Shiwawako es talada especialmente con destino a China, donde es usada en la fabricación de parquets.
A veces maderas provenientes de Perú pueden ser "intermediadas", de modo que llegan a Europa o EE.UU. via México u otros países, y no figuran como importaciones desde territorio peruano, según Urrunaga.
Ingenieros forestales
¿Qué medidas pueden tomarse?
"La primera medida que se puede tomar de modo inmediato es sancionar a la gente que ya se sabe ha estado autorizando la movilidad de madera ilegal", dijo Urrunaga.
"Nosotros proveímos al Estado esa información, que se basó en datos oficiales. Es tan fácil como ver qué ingenieros forestales firmaron los inventarios falsos, y abrirles un proceso administrativo y penal. Eso no ha ocurrido".
BBC Mundo preguntó a la Dra. Muñoz por qué.
"Nosotros estamos efectivamente en conversaciones con el colegio de ingenieros forestales del Perú porque es importante sancionar a los ingenieros", dijo la directora de SERFOR.
"La sanción de tipo administrativo que nosotros podemos imponer como autoridad es una multa o suspender la actividad de ese ingeniero forestal, pero no basta con eso, si ha falsificado información tiene que ir preso, y en eso estamos trabajando con la fiscalía especializada en materia ambiental".
Muñoz describió a la tala ilegal como un "monstruo" que requiere acciones de muchos actores, también de los gobiernos de países importadores y de los consumidores que deben exigir más información sobre los productos que adquieren.
"¿Dónde está el Estado?"
Más allá de las acciones que puedan tomarse, la realidad sigue siendo dramática para las comunidades.
Salisbury asegura que "todavía hay ahí una comunidad rodeada de madereros, hay gente con miedo que está prisionera en su comunidad porque los madereros están hablando por radio y dicen que quieren acabar con la comunidad fronteriza de una sola vez".
El abandono de comunidades como la de Edwin Chota es una deuda urgente del gobierno, según Urrunaga.
"¿Donde estaba el Estado? ¿Por qué tienen que ser los miembros de la comunidad indígena los que tienen que hacer frente a las mafias cuando ése es el rol del Estado?"
"Muchas otras comunidades lidian con esto día a día. Es cierto que hay funcionarios que están tratando de hacer algo, pero mientras no sea una decisión de la cabeza, de gabinete, esto no va a cambiar".
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