SEO/BirdLife y su socio británico en BirdLife International, la (RSPB), han puesto en marcha un proyecto para la creación de una Red Europea contra los Delitos Ambientales cuya finalidad es mejorar la ejecución y la aplicación de la .
La Red estará conformada por abogados, profesionales del derecho o autoridades encargadas de luchar contra el crimen ambiental y que desarrollen su actividad en relación con las ONG de la UE que se integran en BirdLife International, la mayor coalición para la conservación de la naturaleza del mundo. La Red pretende fortalecer el trabajo de los socios de BirdLife en Europa en la lucha contra ese tipo de delitos, facilitando el intercambio de información y la experiencia de los profesionales del derecho que trabajan en estos campos.
Acciones concretas
La primera tarea a desarrollar será la elaboración de un informe sobre cómo ha sido transpuesta la Directiva 2008/99/CE en los 28 Estados miembros de la UE y cómo es aplicada por los tribunales nacionales, con el objeto de detectar posibles lagunas y realizar recomendaciones para una aplicación coherente y efectiva en toda la UE. Además, en el marco del proyecto se llevarán a cabo tres talleres en los que se tratará de forma específica los delitos de caza ilegal, el envenenamiento de fauna y la destrucción del hábitat.
El proyecto cuenta con un presupuesto de cerca de 320.000€, financiado en un 80% por el Programa de Justicia Penal de la UE. SEO/BirdLife, coordinadora del proyecto, y la RSPB son los dos socios beneficiarios. Además, BirdLife Europe y las Sociedades Helénica (HOS) y Checa de Ornitología (CSO) son organizaciones colaboradoras asociadas al proyecto.
Los delitos ambientales y el papel de las ONG
Los delitos ambientales, si bien no tienen actualmente una clara definición legal en España, son aquellas acciones intencionadas que dañan a la biodiversidad y los ecosistemas: furtivismo, destrucción de hábitat, envenenamiento, prácticas ilegales de captura, contaminación, etc. Además de causar pérdidas económicas, la delincuencia medioambiental es un problema internacional grave y creciente que tiene efectos devastadores sobre el medio ambiente y la salud humana. Son delitos ambientales la matanza ilegal de las especies silvestres, el uso de cebos envenenados, las destrucciones de hábitat, el comercio ilegal de especies, la emisión o vertido ilegal de sustancias en el aire, el agua o el suelo, el comercio ilegal de sustancias que agotan la capa de ozono o el tráfico ilícito de residuos.
Tanto SEO/BirdLife, como el resto de socios de BirdLife International como organizaciones no gubernamentales (ONG), desempeñan un papel clave en la aplicación de las leyes ambientales, participando activamente en el sistema jurídico penal para defender la conservación del medio ambiente.Muchos socios de BirdLife invierten numerosos recursos financieros y humanos en la lucha contra los delitos ambientales. A menudo las acciones legales que llevan a cabo ante los tribunales son las únicas que garantizan la persecución de este tipo de delitos, ante la ausencia de las administraciones.
Esta red permitirá a BirdLife International tener en el futuro un papel relevante en la lucha contra los delitos ambientales en Europa.
Contexto del proyecto
En 2008, la UE adoptó la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el derecho penal, que entró en vigor en los Estados miembros en diciembre de 2010. La Directiva se adoptó con el objetivo de aplicar sanciones más disuasorias a las actividades perjudiciales para el medio ambiente, es decir, que causan o pueden causar daños sustanciales al aire, incluida la estratosfera, al suelo, a las aguas, a los animales o a las plantas, incluida la conservación de las especies.
En la experiencia de los distintos socios de BirdLife International la implementación y aplicación de la Directiva no es la misma en todos los Estados miembros de la UE, creando una situación de desigualdad y la oportunidad perfecta para que los delincuentes exploten las diferencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros en su beneficio. El proyecto puesto ahora en marcha pretende revertir esta situación y hacer del derecho penal una herramienta eficaz para proteger el medio ambiente.
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