GAROÑA costará más de 900 millones de euros a todos los españoles

Podemos ha asegurado que los "intentos" del Gobierno del PP en funciones para "facilitar" la reapertura de la central nuclear de Garoña podrían costar "más de 900 millones de euros" a las arcas públicas, en caso de que un eventual Ejecutivo de otro partido decida revertir esa decisión y mantener cerrada la planta.

El diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, ha denunciado, en un rueda de prensa en Vitoria, las "decisiones" que está adoptando el gabinete de Mariano Rajoy para que la central de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a Álava, pueda ampliar su permiso de actividad hasta 2031.

El representante de Podemos ha recordado que el Gobierno central se encuentra en funciones, por lo que --según la normativa que regula estas situaciones-- su margen de acción debe ser "el despacho ordinario de asuntos públicos".


López de Uralde ha denunciado que las decisiones que puedan dar lugar a la reapertura de Garoña, que permanece inactiva desde 2012, por un periodo de 17 años, exceden el ámbito de actuación que debería tener un Gobierno en funciones.

"CONTROL ABSOLUTO" DEL CSN

Además, ha recordado, el PP logró a finales del año pasado el "control absoluto" del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que hasta entonces estaba dirigido por dos personas propuestas por el Partido Popular, otras dos designadas por el PSOE y otra más nombrada a instancias de CiU. Ahora, el PP tiene tres representantes "afines" sobre un total de cinco, con lo que dispone de la "mayoría absoluta" del CSN.

El diputado de Podemos ha criticado que este organismo, que es el encargado de dictaminar si las centrales nucleares cumplen o no los requisitos de seguridad para seguir operando, ha iniciado un procedimiento "específico" para "acelerar" los trámites que puedan llevar a la reapertura de la central.

En todo caso, ha explicado que aunque el CSN determine que Garoña reúne las condiciones necesarias para volver a funcionar, la decisión definitiva al respecto la debe tomar el Gobierno central, que puede negar el permiso de reapertura.

López de Uralde ha destacado que, en la actualidad, en el Congreso existe una amplia mayoría de diputados partidarios de que Garoña sea clausurada de forma definitiva.

"LUCRO CESANTE"

No obstante, ha advertido de que si fructifican los "intentos" del PP para "facilitar" el visto bueno del CSN a la reapertura, esto podría llevar a los propietarios de la central (Endesa e Ibedrola) a reclamar una indemnización por "lucro cesante" si un nuevo Gobierno decide revertir el proceso y mantener cerradas las instalaciones.

Aunque no ha podido precisar la cuantía exacta que podría reclamarse en esa situación, ha recordado que Nuclenor (la empresa coparticipada por Ibedrola y Endesa que es propietaria de Garoña), ya reclamó "más de 900 millones" de euros por este concepto cuando el Gobierno del PSOE decretó el cierre de la planta en 2012. La petición, sin embargo, fue rechazada por los tribunales de justicia.

CARTA AL CSN

Ante esta situación, un grupo de diputados de Podemos se desplazará este próximo miércoles a la sede del CSN, en Madrid, para entregar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, una carta en la que piden que el proceso para la renovación de la licencia de Garoña se aplace hasta que se haya formado un nuevo Gobierno.

En el escrito se alerta de que "otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por 'lucro cesante', en el caso de que el Parlamento o el próximo Gobierno decidiera" mantener el cierre. Esto, según alerta Podemos, podría causar "graves problemas a la hacienda pública".

Fuente: Ecotiicias.com