El comercio de marfil y la caza del rinoceronte divide a los países

Entre 2010 y 2014, los cazadores furtivos han matado a unos 100.000 elefantes africanos para robar su marfil y el año pasado, 1.215 rinocerontes murieron por su cuerno, según datos del WWF.

Los Estados miembros de CITES se reunirán en septiembre próximo en Sudáfrica (17 Conferencia de las Partes, COP).

Debate sobre el elefante

 
La mayor discrepancia se centra en el elefante: “Hay países que han hecho una inversión muy grande para controlar el comercio ilegal y la conservación de sus poblaciones, como Botswana, Sudáfrica y Namibia, y que defienden hacer un uso sostenible de sus recursos (caza legal, turismo, ventas controladas de marfil almacenado)”.

“Incluso hay países que tienen sobrepoblación y deben eliminar ejemplares (viejos, enfermos etc.)”, subraya esta portavoz de la Autoridad administrativa española.

Otro bloque de países, sin embargo, ven riesgos de que se pueda fomentar la caza ilegal y facilitar el blanqueo de “determinado marfil” si se aceptan dichas pretensiones.

Este debate, aunque no sea nuevo, ha regresado con fuerza debido a la reciente puesta en marcha de distintos planes de acción, como el de la Unión Europea, contra el comercio ilegal.

Algunas de las medidas europeas son “muy restrictivas”, entre ellas la prohibición a la re-exportación de marfil en bruto, aunque proceda de antes de la entrada en vigor de la Convención CITES.

Con anterioridad a la década de los 90, el elefante africano figuraba en el Apéndice II de CITES, con lo que el comercio estaba permitido y se realizaron “bastantes” exportaciones de los países de origen e importaciones en Europa, dado que entonces era legal.

Pero a partir de 1991, la especie se incluyó en el Apéndice I y todo el comercio quedó prohibido.

Hasta ahora, la re-exportación de ese marfil no estaba vetada, pero “hay quien considera que se podría blanquear marfil que no es pre-convención”.

En muchos casos, la comprobación de si este material se importó de forma legal resulta “muy complicada”, razón por la que la Unión Europea prefiere acabar con la reexportación y evitar cualquier posibilidad de lavado.

El caso del rinoceronte

 
Otro de los temas que preocupan, ha añadido Núñez, es el de los rinocerontes, debido a que se ha registrado “un incremento considerable del comercio ilegal para obtener el cuerno, sobre todo del de rinoceronte blanco”.

En la actualidad quedan en África, principalmente en Sudáfrica, unos 20.000 rinocerontes blancos y 5.000 negros, mientras que en toda Asia rondan los 5.000, la mayoría en India y Nepal.

En 2014 fueron asesinados ilegalmente 1.215 rinocerontes en Sudáfrica, un 21 por ciento más que en 2013 y la cifra más alta registrada en las últimas décadas.

El precio del kilogramo de cuerno de rinoceronte alcanza en el mercado negro los 65.000 dólares (49.900 euros), más que el oro, el diamante o la cocaína, debido a la alta demanda para su uso como remedio medicinal en Vietnam o China o la manufactura artesanal de dagas en Yemen.

Además de las especies que cambian de apéndices y otras nuevas que puedan incluirse, explica Núñez, la Conferencia de las Partes aprueba resoluciones y decisiones que no son vinculantes, aunque “generalmente” los países las adoptan.

El comercio ilegal en España

 
Por otro lado, Núñez explica que en España, como en la mayoría de los países, uno de los principales problemas a la hora de aplicar CITES es el alojamiento y mantenimiento de los animales vivos procedentes de confiscaciones.

El destino actual de todo lo que se recauda en concepto de tasas por la emisión de permisos y certificados CITES así como por las sanciones impuestas por infracción a las disposiciones del acuerdo internacional es el Tesoro General, indica Núñez, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones (Ministerio de Economía), de la que a su vez depende la Autoridad administrativa de (CITES).

Su departamento no es el único responsable del cumplimiento de CITES en España, entre los que se cuenta el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), el Servicio de Vigilancia Aduanera, juzgados y otras autoridades locales y autonómicas.
A juicio de Núñez, “es necesario contar con más medios humanos y económicos” y una de las vías podría ser el habilitar un sistema que permitiera que el dinero recaudado pudiera revertir en la aplicación del Convenio CITES.

En 2014, último año del que hay datos cerrados, se intervinieron 19.096 especímenes silvestres en frontera y en el territorio nacional, la mayoría especies de flora.