7 millones de personas en España destinan más del 10% de sus ingresos solamente a pagar las facturas de la luz
con las que mes a mes las grandes compañías eléctricas les ahogan. Y
más de 4 millones se declaran incapaces de calentar sus hogares durante
los meses más fríos.
Todo esto mientras quienes nos gobiernan acaban con
demasiada frecuencia en los consejos de administración de esas grandes
empresas energéticas. Las mismas que lideran el ránking de las más
contaminantes, y las mismas que se ven favorecidas por las políticas del
Gobierno, que por el camino olvida su gran responsabilidad: proteger a la ciudadanía.
Los graves errores del modelo energético español quedan
en evidencia con casos como el de Rosa, la anciana que murió en
Tarragona tras el incendio provocado por una de las velas que utilizaba
para alumbrarse. Su trágica historia puso en el punto de mira al
Gobierno y a la empresa que le cortó la luz: Gas Natural Fenosa. La pobreza energética se ceba con aquellas personas que son más vulnerables y en nuestro país no son pocas.
No podemos esperar a leer otro caso como el de Rosa en los periódicos. Es hora de exigir al Gobierno que proteja a las personas en lugar de las empresas eléctricas.
No podemos permitir que las tres grandes empresas que controlan el
mercado en oligopolio —Iberdrola, Endesa y Gas Natural— sigan llenándose
los bolsillos mientras causan muertes por incendios en viviendas con
cortes de luz.
La justicia en países como Holanda, Suiza o Noruega ya ha
dado la razón y protegido a las personas que han demandado a empresas y
gobiernos por vulnerar sus derechos. Es momento de que en España
sigamos reclamando nuestros derechos, como hicimos con el fallecimiento
de Rosa, e impidamos que nuestro Gobierno siga siendo cómplice de la injusticia de las compañías eléctricas.
Fuente: greenpeace.org
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