“Visto que la nueva ley no protege los bosques, hemos querido darle la vuelta a la tortilla: la solución pasa por convertir los bosques quemados en cementerios para que no se puedan transformar en urbanizaciones, chalets o centros comerciales poco después de apagar las llamas”, explica el portavoz de la Asociación Nacional de Bomberos Forestales, Íñigo Hernández.
La reforma anula el plazo de 30 años de prohibición de construir en zona quemada
El colectivo ha lanzado la original campaña (Fo)rest in Peace (un juego de palabras en inglés entre 'bosque' y la expresión 'descanse en paz') con la que se acoge al artículo 50 del Decreto 2263/1974 de 20 de julio en el que se establece que “en
un terreno declarado como cementerio, y hasta 500 metros de éste, no se
podrá autorizar la construcción de viviendas o edificaciones destinadas
a alojamiento humano”. Para conseguirlo, piden la ayuda de los
ciudadanos: pueden pedir la creación de un cementerio en un terreno
quemado a su ayuntamiento. En la página web de la campaña de la ANBF se
puede encontrar una plantilla de la solicitud.Paralelamente, la ANBF apoya una campaña de recogida de firmas para modificar la Ley de Montes. La legislación regula más del 54% de la superficie total del país: 27,7 millones de hectáreas que en la actualidad están consideradas suelo forestal y de las cuales dos tercios están en manos privadas. Son terrenos que, gracias a la reforma del Partido Popular, ahora pueden convertirse en urbanizables poco después de ser arrasados olvidando su importante valor ambiental.
“Es un paso atrás, una auténtica barbaridad que sólo crea burbujas especulativas y destroza la naturaleza. Puede facilitar de nuevo la construcción de otro parque temático como Terra Mítica, de proyectos como la llamada Ciudad del Medio Ambiente en Soria o de las pistas de esquí en Valladolid… supuestamente, en nombre del interés general”, denuncia Hernández.
Interés general
Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) justifica este “supuesto excepcional” con el objetivo de “evitar incendios provocados que impidan actuaciones de interés general”, es decir, en palabras de la todavía ministra en funciones, Isabel García Tejerina, para disuadir a un propietario de que prenda fuego a su finca para así evitar una expropiación. El resto de partidos políticos se mostró en contra de los cambios introducidos por el Gobierno del PP.
La iniciativa propone la creación de camposantos en los terrenos afectados
Los más numerosos fueron los fuegos premeditados, que representaron más de la mitad del total y calcinaron el 60% de la superficie total afectada. Detrás de ellos se encuentran, principalmente, prácticas tradicionales inadecuadas como las llevadas a cabo por los agricultores para eliminar matorrales y residuos agrícolas (42,71%) y por los ganaderos para la regeneración de pastos (25,69%). El porcentaje de incendios provocados para modificar el uso del suelo se sitúa en un 0,60%. Los efectos del fuego van más allá de la pérdida de masa forestal: a ella se suma la muerte de miles de animales, así como el deterioro del agua y la peor calidad del aire, y la posterior erosión de los suelos.
“La política forestal sólo se centra en la extinción, no en la gestión de los incendios. Por ello, pedimos a la Administración la necesidad de más personal, más herramientas y más formación”, se lamenta Hernández, quien denuncia la precariedad con que trabajan estos profesionales en muchas comunidades autónomas, como Madrid y Castilla y León, en las que empresas privadas controlan el negocio. “Quieren acabar con nosotros”, sentencia. El colectivo lleva años luchando para conseguir que se reconozca su categoría profesional.
En España, hay entre 35.000 y 40.000 bomberos forestales. “Lamentablemente, sólo somos noticia cuando hay alguna tragedia. Pero hay que concienciar a la población de la importancia de la gestión forestal y de que hay que desarrollarla durante todo el año, porque los incendios no son sólo un problema del verano”, concluye Hernández.
Fuente: ecoavant.com
