En marzo de 2014, tras una denuncia de Australia, el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), emitió un fallo en el que vetaba el permiso especial japonés para cazar ballenas en los mares australes, conocido como JARPA II, así como la concesión de nuevos en virtud de ese programa, al considerar que las cacerías eran en realidad una tapadera para la actividad comercial sin ningún valor científico real.
