La operación investigada consistía en la confección irregular de facturas a las concesionarias del servicio de recogida selectiva del Consell. La funcionaría encargada de la facturación justifica el hecho pues según ella las empresas no podían conocer las toneladas depositadas en la planta incineradora gestionada por Tirme en Son Reus. Por tanto, ella solicitaba a la empresa de tratamiento de basuras el listado por municipios. A continuación, facturaba el global como si la recogida correspondiera íntegramente a la adjudicataria, con independencia de las cantidades reunidas por los propios Ayuntamientos, que se habían lanzado a la recogida puerta a puerta. Esto significa que los datos reales se obtenían con llamadas a la empresa Tirme y las empresas facturaban la recogida según las toneladas ficticias que les remitía el propio Consell.
