El informe concursal de la inmobiliaria y constructora Vías, Canales y Puertos, al que ha tenido acceso este diario, relata la forma de proceder del despacho de abogados Aszendia, especializado en la adquisición de compañías en graves problemas y la gestión posterior de su situación concursal, al frente de la empresa. Al igual que en Marsans, el empresario Ángel de Cabo Sanz, vinculado a Aszendia, acordó la adquisición de VCP y pocos días después solicitó su entrada en concurso de acreedores. Este periódico intentó ponerse en contacto con De Cabo, pero no recibió respuesta alguna.
Los administradores concursales explican que Aszendia trató de quedarse con fincas de la concursada como pago por determinados servicios, "en claro perjuicio del resto de acreedores".
Vías, Canales y Puertos, con sede social en Jerez de la Frontera y actividad en Andalucía y Madrid, y una facturación anual aproximada de 50 millones, llevó a cabo "la clásica huida hacia delante" al tratar entre 2007 y 2008 de lograr créditos para superar impagos por un valor superior a los seis millones de otras inmobiliarias (como las concursadas Lábaro y Promodico) con las que mantenía negocio. Aun así, la administración destaca en su informe, presentado el pasado mayo, que no se trata "de una compañía improvisada" sino que era una empresa "profesionalizada a la que se han ido aportando los medios económicos precisos para el correcto desarrollo de su actividad". El 29 de octubre el propietario de VCP, Eduardo Rodríguez Peña, cesa como administrador único y es elegido en su cargo Ángel de Cabo Sanz. El 3 de noviembre, De Cabo Sanz presenta solicitud de concurso de acreedores para VCP.
Los administradores concursales explican que Aszendia trató de quedarse con fincas de la concursada como pago por determinados servicios, "en claro perjuicio del resto de acreedores".
Vías, Canales y Puertos, con sede social en Jerez de la Frontera y actividad en Andalucía y Madrid, y una facturación anual aproximada de 50 millones, llevó a cabo "la clásica huida hacia delante" al tratar entre 2007 y 2008 de lograr créditos para superar impagos por un valor superior a los seis millones de otras inmobiliarias (como las concursadas Lábaro y Promodico) con las que mantenía negocio. Aun así, la administración destaca en su informe, presentado el pasado mayo, que no se trata "de una compañía improvisada" sino que era una empresa "profesionalizada a la que se han ido aportando los medios económicos precisos para el correcto desarrollo de su actividad". El 29 de octubre el propietario de VCP, Eduardo Rodríguez Peña, cesa como administrador único y es elegido en su cargo Ángel de Cabo Sanz. El 3 de noviembre, De Cabo Sanz presenta solicitud de concurso de acreedores para VCP.
