Uno de los
flancos por los que más a menudo se atacan a los diputados es el de las
vacaciones. El actual reglamento que rige en las Cortes españolas
señala que un diputado raso podrá gozar de unas vacaciones deseadas por el resto de los mortales: una Semana Santa de 18 días, navidades de más de mes y medio y un verano como el de los estudiantes. Los meses de julio y agosto son inhábiles para
la actividad parlamentaria, según la Constitución, así que los debates y
el trabajo en comisión se reducirán a la mínima expresión. Pero eso no significa que no trabajen. O eso esperamos. Porque, ¿para qué sirve entonces el millón y medio de euros de dinero público que el Congreso invierte para que sus señorías tengan ADSL en casa?
Así lo recogió ayer el
BOE al referirse a la licitación del contrato de telefonía fija, móvil y
otros servicios del Congreso de los Diputados para algo más de dos años por un precio máximo de 1,5 millones de euros. Así, el precio máximo sobre el que las empresas deberán presentar ofertas a la baja es de 624.360 euros al año, según ha publicado el portal el boe nuestro de cada dia.
