Ecologistas en Acción ha tenido acceso al borrador del informe que la
Comisión Europea (CE) ha realizado sobre las pruebas de estrés de las
centrales nucleares europeas basado en los informes elaborados por los
organismos reguladores, asociados en el organismo europeo de reguladores
ENSREG. Se trata, si finalmente se aprueba en su presente estado, de un
informe más exigente con la seguridad nuclear que los propios
Organismos Reguladores, incluido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
español.
En el Informe se señalan las principales deficiencias de seguridad
encontradas en las centrales nucleares europeas en general y españolas
en particular. El informe reclama en todos los casos la adopción de
medidas encaminadas a la instalación de medidores sísmicos que permitan
detectar los terremotos; a la instalación de generadores de emergencia y
equipos de trabajadores móviles que permitan actuar en la central tras
la producción de la catástrofe; también reclaman la capacidad de
refrigeración durante al menos una hora sin alimentación eléctrica
exterior; denuncian.
Este informe es un importante precedente en Seguridad Nuclear en la
Unión Europea. Por un lado la Comisión Europea entra en este escabroso y
conflictivo tema por primera vez, lo cual puede dar lugar a una
armonización de los puntos de vista de los diferentes reguladores
europeos agrupados en ENSREG, por lo menos en cuanto a los efectos del
accidente de Fukushima se refiere. La CE declara la necesidad de que los
niveles de seguridad exigibles y los protocolos sean compartidos por
todos los reguladores.
Por otro lado, las exigencias de la Comisión van más allá de lo que
los Reguladores nacionales han preconizado. En particular, la CE da la
razón a Ecologistas en Acción al quejarse de la tibieza de las acciones
del CSN. De hecho la CE se queja de que las pruebas no han tenido en
cuenta el posible choque de un avión contra la central.
Asimismo se analiza en el informe la necesidad de que las
compensaciones a las víctimas de accidente nuclear estén reguladas en el
marco de la UE y que se incluyan los daños ambientales en esas
compensaciones. Se pide también revisar la legislación sobre los
alimentos contaminados.
Finalmente, las inversiones necesarias para llegar a los niveles de
seguridad reclamados por la Comisión son muy elevadas, hecho nada
despreciable. El gasto podría rondar los 25.000 millones de euros, lo
que supondría un notable encarecimiento del kWh nuclear. En el caso de
reactores antiguos, añade incertidumbre a su continuidad. Tal es el caso
de la central nuclear de Garoña, en que el monto de las inversiones
relativas a las pruebas de estrés ha contribuido, junto con otros
factores, a precipitar su cierre.
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