Un equipo de abogados argentinos han presentado una demanda
colectiva contra la implantación de cultivos y la venta de organismos
genéticamente modificados (OGM´s), los conocidos como transgénicos, ante la Suprema
Corte de Justicia. Ponen en jaque así el actual modelo agroindustrial tóxico.
Piden que se sancione a las empresas que los comercializan como Monsanto,
Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow AgroSciences, Pioneer, Agrevo, Ciba
Geigy, ArgenBio and Bayer y que reparen el daño ambiental que han generado
desde 1996.
En una entrevista de radio, una de las abogadas demandantes,
Graciela Cristina Gómez, denuncia sin pelos en la lengua, entre otras muchas
cosas, que Monsanto se está aprovechando de la debilidad económica actual de España
para utilizarla como puerta de entrada a sus negocios en Europa.
Es un asunto trascendente. La Justicia argentina tiene ahora
en sus manos una demanda colectiva por daño ambiental contra el Estado
argentino y las compañías multinacionales productoras de “comida frankenstein”
y el paquete de agrotóxicos asociados a ellos. Y si es cierto, como es, lo que
argumenta Gómez, cabe preguntarse cuándo se desarrollará una iniciativa similar
en España. Motivos hay pues es el país con más hectáreas cultivadas de
transgénicos de toda la Unión Europea.
Lo que puede juzgarse en el país andino es la base del
esquema productivo que permitió la instauración en el país del actual sistema
agrario; la tendencia al monocultivo; el método de siembra directa con la
consecuente reducción de mano de obra rural; la concentración económica en
manos de pocos productores; el meganegocio de las empresas multinacionales oligopólicas
y el inconmensurable impacto sobre la salud de las poblaciones rurales y el
medio ambiente.
La demanda tiene por objeto que se suspenda provisionalmente
la liberación incontrolada de OGM´s y se etiqueten los productos que los
contengan. Que se prohíba también la aplicación de los agrotóxicos utilizados
para su cultivo hasta tanto se determine científicamente su inocuidad para el
ambiente y la salud de los seres vivos.
Para respaldar la demanda, además de pruebas
instrumentales, informativas y testimoniales, se enumeran en el expediente los
casos de daño a la salud de personas afectadas por agrotóxicos. Entre ellos, niños
de siete años muertos por esta causa o de cinco años que padecen leucemia,
entre otros muchos casos.
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