Se estima que cada año se pesca ilegalmente una cantidad de pescado por un valor que va desde los 10.000 a los 24.000 millones de dólares. Por si esto fuera poco, en muchas ocasiones este pescado se captura en países en desarrollo, con pocos medios para controlar sus aguas y las actividades pesqueras que en ellas se desarrollan. Así, el pescado, que es en muchas ocasiones casi la única fuente de alimento y de ingresos para las comunidades costeras, es capturado por flotas industriales y acaba en terceros países disfrazado como capturas legales para ser vendido como pescado barato, a expensas del futuro de los recursos pesqueros y de las personas que dependen de ellos.
En otras ocasiones, el mercado lucrativo de especies como el atún o las aletas de tiburón favorecen la aparición de redes de comercio ilegal que infringen las normas para maximizar sus beneficios.
La pesca ilegal es una de las grandes amenazas de nuestros oceános. En su inmensidad es fácil llevar a cabo actividades ilegales sin ser vistos.
Desde Greenpeace llevamos muchos años navegando con nuestros barcos, siendo testigos del saqueo de nuestros océanos y denunciando actividades de pesca ilegal para poner cara y nombre a estos crímenes.
Durante 2012, el Rainbow Warrior III y el Esperanza realizaron una campaña por el oceáno Índico y el Pacífico (respectivamente) en colaboración con los Gobiernos de Mozambique y Palau. Con inspectores de estos gobiernos a bordo, se inspeccionaron barcos de distintos países (entre ellos palangreros españoles en aguas de Mozambique) para controlar que se estaban respetando las normas. Gracias a esta colaboración, pudieron patrullar aguas a las que nunca habían llegado debido a la limitación de sus recursos.
El nuevo proyecto de Interpol es un gran paso adelante en la lucha contra la pesca ilegal. Pero no solo está en mano de las autoridades. Los distribuidores y los supermercados deben incorporar en sus polìticas de compra medidas de trazabilidad para asegurarse de que el pescado que nos venden no proviene de la pesca ilegal. Y nosotros como consumidores debemos exigirlo.
Fuente: Greenpeace
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