La resolución se produce después de las oleadas de violencia en el Alto Andágueda, en el departamento del Chocó colombiano, que ha forzado a cientos de familias indígenas a huir de sus hogares.
La violencia entre los insurgentes ilegales y el ejército ha coincidido con la expansión de la minería en la región, en su gran mayoría ilegal.
El tribunal ha ordenado la expulsión de todo el personal y la maquinaria de la empresa minera del territorio hasta que la legalidad de las concesiones pueda ser probada.
Un informe de 2011 del Gobierno colombiano descubrió que el 63% de las concesiones mineras del país son ilegales, y en el departamento del Chocó la cifra alcanza un sorprendente 99,2%.
Sin embargo Santos, el presidente de Colombia, se ha pronunciado repetidamente a favor de la minería al considerarla una prioridad clave de su mandato.
El aumento en la demanda y el valor de metales como el oro, el hierro y el coltán
– empleado en la mayoría de dispositivos electrónicos – ha tenido un enorme impacto para los indígenas de Colombia.
Miles han sido asesinados o desplazados por los grupos armados, que a menudo preceden la llegada de las compañías mineras.
“(Con esta decisión) sólo se busca evitar que se sigan vulnerando los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio con el aprovechamiento desmesurado de personas ajenas a la comunidad, a la situación de violencia que se viene presentando en la zona y de la cual existe mucha evidencia”, dijo el juez.
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