Durante
26 años, entre 1964 y 1990, la petrolera estadounidense Texaco explotó
el crudo de la Amazonía ecuatoriana, en lo que hoy son las provincias de
Sucumbíos y Orellana. Tras su salida del país, la empresa dejó en
aquella zona pasivos ambientales contabilizados en más de 18 mil
millones de galones de desechos tóxicos.
A esa contaminación, el
informe de la consultora ambiental Stratus Consulting atribuye en forma
directa la muerte de 1.041 personas que habitaban la zona cercana a los
pozos petroleros. Todos ellos murieron por cáncer y existen otros
cientos de casos de abortos involuntarios.
Solo esos 18 mil millones
de galones de desechos tóxicos son 30 veces más crudo que el derramado
en el famoso desastre del carguero Exxon Valdez, en Alaska. Texaco
también dejó 917 piscinas de desechos llenos de lodo tóxico y emitió
millones de metros cúbicos de gas venenoso que se lanzó a la atmósfera.
Lo
de Exxon Valdez, en 1989, fue un accidente que tuvo que ver con la
irresponsabilidad de no actuar a tiempo para evitar el desastre; pero lo
sucedido en la Amazonía ecuatoriana con la contaminación de Texaco, fue
un intento deliberado de reducir los costos.
Para aumentar las
ganancias, la gigante transnacional no realizó adecuados trabajos de
remediación luego de salir del país. Prueba de ello fue evidenciar cómo
quedaron las piscinas que se construyeron junto a los pozos petroleros.
Estas piscinas tienen la función de recolectar los desechos emitidos
tras la apertura de un pozo. La norma dice que estas deben ser
recubiertas con un aislante que evite que el petróleo vuelva a la
tierra, se filtre y contamine las aguas superficiales.
Texaco abrió
las piscinas pero jamás usó materiales aislantes, de modo que todos los
desechos propios de la extracción petrolera penetraron directamente en
la tierra y de ahí, por la cercanía en la que se encuentran, a los
riachuelos, esteros y ríos de la zona.
"Los animales a morirse, el
ganado lo perdimos, porque a todos los lados de mi finca, y por el medio
pasan los tubos que se reventaban, el petróleo se regaba en la hierba y
las vacas lo comían y se enfermaban luego de pocos días y se morían",
confirman las mujeres mestizas de la amazónica localidad del Coca.
Las
poblaciones de las provincias de Sucumbíos y Orellana tomaron esa agua,
se bañaron, regaron sus sembríos y dieron de beber a sus animales, sin
saber de los serios problemas de salud que esto les ocasionaría.
“Pensamos
cuando sucedía todo esto, que era malo, pero como de costumbre hemos
tomado naturalmente del agua del río pensamos que no habría problema, y
entonces suponiendo que ya pasó el crudo que estaba flotando y aunque
claro se miraba del agua un poco aceitosa y mi esposa me daba de tomar
la chicha y luego me sentía muy mal y fue grave la diarrea y mi hijo
casi se muere. Llevamos donde los doctores y dijeron que hemos consumido
el agua contaminada”, afirmó un habitante de la comunidad indígena
Siona, durante un grupo focal realizado por los especialistas.
Por
estos daños –las miles de muertes de personas, animales y vegetación,
por la contaminación de los ríos– la empresa Texaco, que fue adquirida
después por la compañía Chevron, fue sentenciada a pagar 19 mil millones
de dólares para remediar su desprolijo manejo ambiental. Para evitar
pagar, la empresa ha dilatado el proceso, amenazado a defensores y
abogados y emprendió una campaña de desprestigio contra el Estado
ecuatoriano, que ni siquiera es un actor directo del juicio que los
ciudadanos amazónicos le ganaron a la empresa.
Este desprestigio
involucra un gasto de más de 400 millones de dólares en cabildeo y
bufetes de abogados y está plagado de manipulaciones y falsedades, que
Andes irá mostrando en una serie de reportajes sobre el caso Chevron.
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