El
presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció el jueves en cadena de
radio y televisión su decisión de poner fin a la iniciativa ambiental
Yasuní-ITT, que planteaba dejar el petróleo en el Parque Nacional
Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, a cambio de
una significativa contribución económica internacional.
"El mundo
nos ha fallado", dijo el mandatario al explicar que los resultados
económicos producto de la iniciativa no fueron los esperados por el
gobierno ecuatoriano.
Correa adelantó que los trabajos en el campo Tiputini, que era parte de la iniciativa, comenzarán en las próximas semanas.
Y aseguró que para ello se emplearán "técnicas de extracción de última generación".
Según
Paúl Mena Erazo, de BBC Mundo en Ecuador, durante la tarde y la noche
del jueves se congregaron frente al Palacio de Gobierno en Quito
distintos grupos ciudadanos que manifestaron su rechazo a la extracción
en el Parque Nacional Yasuní y su apoyo al presidente ecuatoriano.
Ecología vs. economía
En
esta zona de 982.000 hectáreas en plena selva amazónica, ubicada a unos
300 kilómetros al este de Quito, la contraposición de intereses
ambientales y económicos ha sido muy muy pronunciada.
Se trata del
área protegida más grande del Ecuador continental y ha sido declarada
por la Unesco como Reserva de la Biosfera. Posee la mayor biodiversidad
del mundo, según los científicos del lugar, y es el hogar de la
comunidad indígena huaorani.
Sin embargo, allí también se encuentran
los mayores yacimientos de crudo de Ecuador. Actualmente, un 60% de su
superficie está ocupada por empresas petroleras, con sus campos,
oleoductos, carreteras y asentamientos humanos.
Como el Parque
Nacional Yasuní fue creado posteriormente, en 1979, las petroleras han
defendido su presencia con el argumento -cuestionado por los
ambientalistas- de que llegaron antes y tienen derecho a quedarse.
Un
30% de los ingresos de Ecuador, miembro de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), provienen de la extracción de crudo.
Para
tratar de conciliar ambos intereses -el económico y el ambientalista-,
Correa lanzó la iniciativa para proteger Yasuní en 2007 a cambio de
contribuciones del exterior para compensar la pérdida de beneficios
obtenidos por la extracción de hidrocarburos.
El gobierno esperaba
recaudar US$3.600 millones de la comunidad internacional en un periodo
de 12 años, es decir, cerca de la mitad del valor de los 800 millones de
barriles de crudo que iba a dejar en el suelo sin extraer. Y el fondo
iba a ser administrado por Naciones Unidas.
Sin embargo, en cinco
años se recibieron apenas US$13,3 millones en depósitos concretos y
US$116 millones en compromisos, fundamentalmente de países europeos y
diversos grupos ambientalistas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si quieres hacer un comentario sobre este articulo, hazlo aquí, gracias.