La nueva resolución ha sido informada por el Jefe de Servicio el 27 de enero como “adecuada y conveniente la prórroga” en tanto se finaliza la revisión del plan de gestión. La actual resolución está, por tanto, planteada y justificada literalmente como una “prórroga” de la resolución del 29 de octubre de 2012. La actual resolución plantea el control de 33 ejemplares hasta el 15 de marzo de 2014.
Sin embargo, el texto del plan en vigor, y el texto que se revisa y que se ha sometido a información pública, No plantean la posibilidad de prórrogas de los programas anuales de control, lo que tiene sentido, ya que los programas anuales se establecen y aprueban, una vez informado el Comité Consultivo, en base a los criterios de población de lobos, de los daños al ganado y de la evaluación del grado de conflictividad social.
El texto del plan establece la posibilidad de “actuaciones excepcionales fuera de programa motivadas por variaciones importantes en las condiciones de la población y de los daños producidos, que requieran una intervención urgente en razón de su gravedad”. Es decir, cualquier actuación ha de estar motivada. Al plantear, y camuflar, la resolución actual como prórroga, la Dirección General elude la obligación de motivar las actuaciones de control e incumple el mandato del plan de evaluar las condiciones que motivan cualquier actuación, que ha de informar además al Comité Consultivo. Se sentaría además un precedente inadmisible en la gestión del lobo.
La anterior resolución de 29 de octubre de 2012 se basó en los datos poblacionales de 2011, última estima aportada al Comité Consultivo. Sin duda las condiciones de la población de lobos han cambiado, y también los niveles de daños y de conflictividad social, que han de ser evaluados nuevamente. Una prórroga en estas condiciones no puede estar justificada, además de que no está contemplada tal posibilidad en los textos, vigente y en revisión, del plan. De hecho la administración, a través de una orden del Coordinador de Medios y Apoyo de 21 de noviembre de 2013, ha instado a la Guardería a que haga los trabajos de seguimiento de la población de lobos mediante itinerarios para recoger datos y provistos de armas para ejecutar los controles, lo que prueba que se “prorrogan” los controles antes de disponer de la información poblacional de la especie.
Durante la vigencia de la Resolución de 29 de octubre de 2012 (14 meses) se han sacrificado 38 lobos (la mayor cifra de lobos abatidos en controles a lo largo de la vigencia del plan de gestión de la especie desde 2002). Sin embargo, no ha sido posible ejecutar todos los ejemplares previstos en el programa de control (establecido en 66 lobos), a pesar de los medios materiales y humanos dedicados a ello. Este hecho confirma el despropósito y disparate del objetivo propuesto, ya que evidentemente la población de lobos de Asturias no podía soportar semejante objetivo de control. La palmaria incompetencia en el planteamiento de la resolución solo puede calificarse como de negligente y prevaricador. Además, tanto la actual resolución de “prórroga”, como la de 29 de octubre de 2012 en que se apoya, van a suponer el incumplimiento del mandato de la Directiva 92/43/CEE de mantener la población en un estado de conservación favorable, extremo que ya ha sido manifestado a la Dirección General a través del Comité Consultivo.
Insistir con la nueva Resolución en matar 33 ejemplares en un mes y medio, y en plena época de celo, puede llevar al colapso de la población de lobos en Asturias. Además, el despropósito del objetivo propuesto va a generar profundo malestar en sectores conservacionistas, por un lado, y la previsible imposibilidad de alcanzarlo, por otro, generará frustración y confusión entre sectores ganaderos. Todo ello va a incrementar el disparate que atenaza la gestión del lobo en la región, y en consecuencia, elevar la conflictividad social.
En definitiva consideramos que la actual resolución elude e incumple el mandato de motivar las actuaciones que contempla el plan de gestión. Consideramos que los incumplimientos legales y la manipulación en los términos en que se dicta y aprueba, y la imposibilidad de alcanzar el objetivo propuesto, conducen a una resolución manifiestamente injusta, lo que puede derivar en responsabilidades penales, a la vez que aumentan la conflictividad social en torno a la gestión del lobo en Asturias.
Suscribimos los siguientes grupos ambientales y animalistas:
Asociación para la Conservación y estudio del lobo-ASCEL
Plataforma por la Defensa de la Cordillera Cantábrica
Asociación para la Defensa Jurídica del Medio Ambiente-ULEX
Grupo Ecologista Cangues “Azor”-GECA
Asociación Nacional Animales con Derechos y Libertad-ANADEL
Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio
Asociación Medioambiental la Cirigueña de Morcin
Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
Observatorio Justicia y Defensa Animal
SOS Cuideiru
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza – ANA
Asociación Verdes Asturianos
Colectivo Ecologista de Avilés
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