El ejecutivo prepara una norma que favorece a la industria alimentaria en contra de los consumidores.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que el
Gobierno prepara una norma que favorece a la industria alimentaria en
contra de los consumidores. Las presiones de la industria para evitar
que la OCU destape nuevos escándalos y fraudes alimentarios dan como
resultado una norma que limita el derecho de los consumidores a la
información.
El
Ejecutivo ha introducido una disposición adicional en la Ley de Cadena
Alimentaria que va a hacer prácticamente imposible que se realicen
análisis comparativos de alimentos en España, explican desde la OCU.
Con
la excusa de que la imagen de la industria alimentaria sale perjudicada
con la publicación de análisis comparativos, el Gobierno se pliega a
sus intereses proponiendo una legislación que OCU considera un ataque
frontal al derecho fundamental a la libertad de expresión y al derecho
del consumidor a estar bien informado.
Los últimos escándalos en materia de alimentación destapados por la
OCU en España no han gustado nada a Agricultura y esta disposición es
la respuesta. La calidad de la leche, el fraude del aceite de oliva
virgen extra o las hamburguesas con carne de caballo no han concluido en
expedientes sancionadores sino todo lo contrario. El Gobierno pretende
que este tipo de análisis no se vuelva a realizar y los consumidores
adquieran los productos con la información interesada que les da la
propia industria.
OCU añade que no existe ninguna disposición similar en Europa. Los
consumidores europeos reciben y valoran este tipo de información y
realizan sus compras en base a las calificaciones obtenidas por las
diferentes marcas. Para finalizar, OCU recuerda que durante décadas las
organizaciones de consumidores han demostrado el respeto a los
principios de transparencia, contradicción y veracidad de la información
que han publicado a través de sus canales de información. La industria
alimentaria tiene ocasión de pronunciarse antes de la publicación de los
resultados de un estudio y, en cualquier caso, cuenta con los
tribunales de justicia para hacer valer sus derechos.
En
este sentido, desde que en 1980 comenzara a realizar análisis
comparativos, la OCU recuerda que nunca ha sido condenada en un
procedimiento judicial por publicar información no veraz.
Es una medida que se implantara en toda Europa empezando por España , mas tarde se esparcirá por todo el mundo..
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