El ejecutivo prepara una norma que favorece a la industria alimentaria en contra de los consumidores.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que el
Gobierno prepara una norma que favorece a la industria alimentaria en
contra de los consumidores. Las presiones de la industria para evitar
que la OCU destape nuevos escándalos y fraudes alimentarios dan como
resultado una norma que limita el derecho de los consumidores a la
información.
El
Ejecutivo ha introducido una disposición adicional en la Ley de Cadena
Alimentaria que va a hacer prácticamente imposible que se realicen
análisis comparativos de alimentos en España, explican desde la OCU.