Un
juzgado de Ciudad Real ha impuesto una fianza de 800.000 euros por el
presunto envenenamiento de seis águilas imperiales ibéricas. También,
un juez de Cádiz cifra en casi 34.000 euros la fianza por la muerte,
entre otros, de tres milanos reales presuntamente envenenados. SEO/BirdLife, en el marco del proyecto Life+ VENENO,
ejerce la acusación popular en estos dos procedimientos y destaca la
importancia del reconocimiento por parte de los tribunales del valor
económico que supone la pérdida irreversible del patrimonio natural.
El
juzgado de Instrucción nº 2 de Valdepeñas ha impuesto una fianza de
800.000 euros a un ganadero acusado del presunto envenenamiento de seis
águilas imperiales ibéricas en la finca de La Encomienda de Mudela en
Ciudad Real. Esta fianza se une a los casi 34.000 euros de fianza
impuesta por el Juzgado de Instrucción nº2 de Jerez de la Frontera que
tendrá que abonar el guarda de un coto de caza por la muerte, entre
otras especies, de tres milanos reales presuntamente envenenados en San
José del Valle, Cádiz.
David de la Bodega, coordinador del Life+ VENENO
de SEO/BirdLife afirma que: “La imposición de estas fianzas es
importante en cuanto que reconocen el valor del daño producido por el
uso ilegal de cebos envenenados” y añade: “suponen un avance el la lucha
contra el veneno porque demuestran que colocar cebos envenenados en el
medio natural tiene consecuencias reales”.
En
la consideración del valor de las especies se tiene en cuenta la
rareza de la especie, su escasez, el peligro para la continuidad de las
poblaciones, el daño a la biodiversidad o el esfuerzo inversor de las
administraciones y de otras organizaciones para su conservación.
En
el primero de los casos juzgado en Ciudad Real, el juez ha tenido en
cuenta el valor reconocido por el Decreto 67/2008, que establece la
valoración de las especies de fauna silvestre amenazada en Castilla-La
Mancha, de 60.000 euros por cada una de las águilas imperiales ibéricas
que resultaron presuntamente envenenadas. No obstante, dada la
importancia del daño producido por el número de aves muertas y su
régimen de protección, al estar catalogadas en peligro de extinción (en
Castilla-La Mancha sólo hay 150 parejas de águila imperial ibérica), el
juez ha aplicado el doble de la escala establecida.
En
el segundo de los casos juzgado en Cádiz, la fianza impuesta tiene en
cuenta el valor de los tres milanos supuestamente envenenados que
asciende a 15.000 euros, además de los 762 euros por un perro que
resultó igualmente envenenado. El resto de la fianza se establece por
las costas del procedimiento y las medidas reparadoras que se puedan
imponer para restablecer el daño causado. En este caso, el juez
considera que el titular del coto es responsable subsidiario ya que el
veneno se utilizó por el guarda de dicho coto.
Impacto ambiental y reconocimiento en los tribunales
El
daño producido a la biodiversidad por delitos contra la fauna como el
uso ilegal de veneno sale muy caro, no sólo por el valor del patrimonio
natural destruido, si no por el coste que implica su recuperación. El
daño se produce al conjunto de la sociedad y afecta a sus propios
bienes naturales, de ahí la importancia del reconocimiento por parte de
los tribunales del valor económico que supone su pérdida irreversible,
aunque no sea su único valor.
La
presencia en los tribunales ha permitido trasladar a los órganos
judiciales y a la sociedad la gravedad de esta amenaza contra la
biodiversidad y apoyar el trabajo de investigación realizado por agentes
de medio ambiente, el Servicio de protección de la naturaleza de la
Guardia Civil (Seprona) y las policías autonómicas.
El proyecto Life+ VENENO
ha tenido como objetivo lograr una disminución significativa del uso de
veneno en España. El proyecto ha contado con la financiación de la
Comisión Europea y la Fundación Biodiversidad (26%). Han sido
cofinanciadores igualmente el Cabildo de Fuerteventura, la Junta de
Andalucía y el Gobierno de Cantabria
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