El funcionario ecuatoriano ha asegurado que “se conoce que existió la venta” de estas muestras para investigación científica, lo que iría “en contra de todos los procedimientos éticos que implica la investigación responsable”, de acuerdo con la información publicada por la agencia de noticias estatal, ANDES.
Estos procedimientos, que tuvieron lugar entre 1990 y 1992, quedarían demostrados gracias a la existencia de “cerca de 31 publicaciones indexadas, de índole antropológica, médica y biológica”, tal y como ha apuntado Ramírez, que ha añadido que se llegó a extraer “más de una muestra en una sola persona”.
En 2010 la Defensoría del Pueblo denunció que Maxus y el Instituto científico Corriel mintieron a los pobladores para conseguir muestras de sangre, al decir a los aborígenes ecuatorianos que su objetivo era el de buscar algún tipo de enfermedad y prevenirla. Esta denuncia provocó la apertura de una investigación que desde 2012 recae en la Senescyt.
“En la investigación participaron biólogos, médicos, geólogos, antropólogos en 20 comunidades de tres provincias del país, en el que se registró que más del ocho por ciento no firmó ningún consentimiento. Además, el 95 por ciento de personas consultadas dijo que nunca supo qué tipo de enfermedad tenía”, ha apostillado Ramírez.
El propio presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha denunciado este hecho y ha anunciado el estudio de acciones legales por la “extracción y comercialización de material genético”, algo que desde el Gobierno se considera como un hecho “realmente indignante para el país”. La estrategia judicial se ha puesto en marcha, pero las autoridades ecuatorianas reconocen que será “una lucha difícil”.
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