Alberto Ruiz-Gallardón
ya tiene nuevo trabajo y va a ganar más que en el Ministerio. ¿Quién lo
paga? ¡La Comunidad de Madrid! Y no ha sentado muy bien en la
oposición.
La incorporación del expresidente de la Comunidad al Consejo Consultivo y la remuneración que percibirá -8.500 euros brutos al mes-
ha avivado las críticas de la oposición a los cargos vitalicios tras
los mandatos y a la utilidad de este órgano, que muchos piden suprimir.
La ley de 2007 que regula este órgano
establece que los expresidentes de la Comunidad de Madrid serán
consejeros permanentes de carácter vitalicio del Consejo Consultivo, una
condición que pueden solicitar en cualquier momento siempre que no haya
incompatibilidades.
Ruiz-Gallardón pidió su ingreso dos días después de su dimisión, y compartirá cargo con el expresidente Joaquín Leguina (PSOE).
UPYD, PRIMER PARTIDO QUE PIDIÓ LA SUPRESIÓN
UPyD fue la primera fuerza política que
reclamó, a comienzos de la legislatura, la supresión del Consultivo al
entender que su función podría asumirla perfectamente el Consejo de
Estado, lo que ahorraría a las arcas regionales los 4,3 millones anuales
que cuesta este “carísimo cementerio de elefantes”, según la formación
magenta.
Su portavoz en la Asamblea, Luis de Velasco,
cree que no es “de recibo” que el exministro tenga un puesto de por
vida y recuerda que los responsables políticos como él tienen una
pensión de unos dos años al dejar puestos de responsabilidad.
Como UPyD, la presidenta del grupo parlamentario del PSM en la Asamblea de Madrid,
Amparo Valcarce, ha lamentado “profundamente” la incorporación del
exministro de Justicia como consejero permanente del Consultivo y se ha
pronunciado contra el carácter “vitalicio” de este puesto.
No obstante, no ha pedido la supresión
del Consultivo, sino una reforma “profunda” más allá de la retribución
de los integrantes del organismo, su elección y la duración del cargo,
por entender que su regulación actual es obsoleta y sus dictámenes sobre
la legalidad de leyes y decretos se realizan solo “a petición” del
Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, Izquierda Unida ha exigido a Ruiz-Gallardón que renuncie a “privilegios” como un sueldo mensual que, según el coordinador regional de la formación, Eddy Sánchez,
cuesta más de 4 millones de euros al año, lo que “equivale a la
financiación de todo un año de una renta activa para un desempleado sin
prestación”.
IU ha reiterado -ya lo hizo el pasado
año- su petición de suprimir el Consejo Consultivo y ha avanazado que
volverá a reclamarlo en otra iniciativa que registrará en la Asamblea de
Madrid “inmediatamente”, porque este órgano “sin función social” se ha
convertido en un lugar de “perpetuación de privilegios”.
Por su parte, el portavoz de la agrupación de Ciudadanos (C’s) de Madrid, Ignacio Aguado,
ha lamentado que Gallardón “siga cobrando y disfrutando de un sueldo,
un coche oficial y unas prebendas que van a cargo de los presupuestos
autonómicos” en un órgano que también ha calificado de “cementerio de
elefantes” y que ha pedido que se suprima.
LAS CRÍTICAS DE LOS SINDICATOS
Los sindicatos se han unido a las
críticas, como UGT-Madrid, cuyo secretario general, José Ricardo
Martínez, ha dicho que en una situación de crisis como la actual “hay
que repensarse” las retribuciones que se cobran en el Consejo, aunque ha
dicho que no le parece mal que los expresidentes participen en este
órgano.
CCOO de Madrid, en cambio, cree que este
“cementerio de elefantes” es “prescindible” y “nada democrático al ser
elegido por el Consejo de Gobierno”, y que la remuneración de 8.500
euros brutos mensuales que recibirá Ruiz-Gallardón es “desorbitada” y
está “fuera de las realidad de los trabajadores”, en palabras del
secretario de Política Institucional del sindicato, Manuel Rodríguez.
LA DEFENSA DE LA COMUNIDAD
Desde el Gobierno regional, el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz, Salvador Victoria,
ha defendido que el sueldo que cobran los consejeros permanentes de
este órgano “no es ni más ni menos que lo establecido para este tipo de
puestos”.
Victoria ha recalcado que
independientemente de la opinión que cada uno puede tener sobre este
órgano, un expresidente de la Comunidad “tiene, según la ley, el derecho
a incorporarse” a él.
Y frente a quienes demandan su
supresión, ha recordado que el Consejo Consultivo de la Comunidad se
creó hace ya varios años a instancias del propio Consejo de Estado y que
“existe por prescripción legal” para garantizar los derechos de los
ciudadanos.
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