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06 octubre 2014

Indignación por el sueldo de 8.500 euros a Gallardón por ser expresidente de Madrid

Alberto Ruiz-Gallardón
Alberto Ruiz-Gallardón ya tiene nuevo trabajo y va a ganar más que en el Ministerio. ¿Quién lo paga? ¡La Comunidad de Madrid! Y no ha sentado muy bien en la oposición.

La incorporación del expresidente de la Comunidad al Consejo Consultivo y la remuneración que percibirá -8.500 euros brutos al mes- ha avivado las críticas de la oposición a los cargos vitalicios tras los mandatos y a la utilidad de este órgano, que muchos piden suprimir.

La ley de 2007 que regula este órgano establece que los expresidentes de la Comunidad de Madrid serán consejeros permanentes de carácter vitalicio del Consejo Consultivo, una condición que pueden solicitar en cualquier momento siempre que no haya incompatibilidades.

Ruiz-Gallardón pidió su ingreso dos días después de su dimisión, y compartirá cargo con el expresidente Joaquín Leguina (PSOE).

17 marzo 2014

Ruiz-Gallardón excluye a las organizaciones ecologistas y deja indefenso al medio ambiente

Gallardon
Las reformas legales impulsadas por Ruiz-Gallardón entorpecen el acceso de las ONG y los ciudadanos a la justicia ambiental. El proyecto de Ley niega a las organizaciones de defensa del medio ambiente el trato que tienen las ONG de consumidores, los sindicatos, la Cruz Roja o las asociaciones de víctimas del terrorismo

El derecho de la sociedad al medio ambiente, reconocido por la Constitución y las directivas europeas, queda en entredicho. Si el Parlamento no enmienda este proyecto de ley, las ONG denunciarán ante la Comisión Europea el incumplimiento de los tratados internacionales y la normativa comunitaria de defensa ambiental

El proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, impulsado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y presentado en Consejo de Ministros el pasado 21 de febrero, supone un duro golpe para la defensa del medio ambiente en España. En opinión de los principales grupos ecologistas, la propuesta del Gobierno perjudica seriamente la capacidad de las ONG ambientales y de la sociedad para defender el medio ambiente y el patrimonio natural.