El Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy acordó la semana pasada aceptar la renuncia de la compañía Escal UGS a la concesión del depósito por 25 años, que le fue otorgada en 2008 por el anterior Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, una vez que los cientos de seísmos provocados por el proyecto en el litoral mediterráneo el año pasado obligaron a desestimar la continuidad del proyecto. La compañía está participada en un 66,67% por el grupo ACS, propiedad del también máximo mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez, y el resto por la sociedad canadiense CLP.
El síndic Rafael Ribó consideró “indignante” la decisión del Gobierno y anunció que durante las próximas semanas se reunirá con organizaciones de consumidores, los colegios profesionales afectados (los de abogados e ingenieros) y movimientos vecinales de la zona sur de la costa de Tarragona -la más afectada, junto con la del norte de Castellón- por los movimientos sísmicos, para estudiar las posibles iniciativas a adoptar.
La decisión de indemnizar a la compañía fue forzada por una resolución del Tribunal Supremo que, hace un año, denegó al Gobierno la denuncia de las cláusulas que permitían a Escal UGS renunciar a la concesión y ser indemnizada, incluso en el caso de que existiera dolo (incumplimiento) o negligencia por su parte. Sin embargo, el ejecutivo del PP podría haberse limitado a abonar a la empresa los 700 millones de euros que constaban como inversión inicial en el contrato de concesión, que luego se dispararon hasta casi el doble.
Lo más sorprendente del caso es que la polémica compensación, que gravará las facturas de los usuarios durante 30 años en un momento en que la crisis ha disparado la llamada pobreza energética, no implica el cierre definitivo de la instalación –clausurada provisionalmente desde setiembre de 2013–, que provocó movimientos de las fallas terrestres al inyectar gas a presión en las cavidades ocupadas por un yacimiento de petróleo agotado y llegó a originar hace poco más de un año terremotos de hasta 4,2 grados en la escala de Richter, sufridos por las localidades de la costa.
En la resolución del Gobierno en que se aprueba la “extraordinaria y urgente necesidad” de tomar medidas, entre ellas la de compensar a la empresa, el Real Decreto-ley 13/2014, se habla simplemente de una “hibernación” durante la cual “no se realizará ninguna inyección o extracción de gas natural”, ni se desmantelará la enorme plataforma del complejo, situada a unos 22 kilómetros del litoral de Vinaròs (Castellón).
“La situación de hibernación de estas instalaciones ya construidas permite su explotación siempre que se realicen los estudios técnicos necesarios que garanticen la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, y así se considere por acuerdo del Consejo de Ministros”, señala el decreto gubernamental de fecha 3 de octubre.
Suculento negocio
El proyecto, considerado estratégico por las autoridades españolas y el sector energético, trató de aprovechar un antiguo yacimiento submarino de petróleo explotado hasta la década de 1970, y situado a 1.750 metros de profundidad, para convertirlo en un almacén para 1.900 millones de metros cúbicos de gas natural, equivalentes al consumo medio de 50 días en toda España.
Tras los terremotos, sendos estudios del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero Español, que el Gobierno y la empresa trataron de ocultar durante semanas, concluyeron el pasado otoño que, citando el primero de los análisis, “la sismicidad inducida es resultado de la actividad de inyección de gas”. Pero ya en 2005, cuando todavía se estaba definiendo el proyecto, un estudio del Observatorio del Ebro había alertado de que “la actividad que contempla se considera a nivel mundial como potencialmente inductora de terremotos”. Llegaron a registrarse 512, de los que una quincena fueron percibidos con gran alarma en las poblaciones del litoral, una zona de gran afluencia turística.
Enagas, empresa gestora del sistema gasista español, ya ha acordado con diversos bancos (algunos de ellos también rescatados en los últimos años con multimillonarias ayudas públicas), la cesión de los derechos del cobro de los 1.350 millones de euros y estos bancos serán los que adelantarán el pago a Escal UGS. Después, se los iremos restituyendo mes a mes los ciudadanos mediante nuestras cada vez más gravosas facturas, sometidas a una tributación creciente desde la llegada del Gobierno del PP en 2011.
Una vez más nos encontramos con que algunos van a hacer un suculento negocio por culpa de la incompetencia de nuestros gobernantes y gestores y a costa de nuestros bolsillos. Si ya el coste total de la inversión realizada por Escal UGS captando financiación mediante la emisión de bonos duplicó la inicialmente presupuestada, ahora la empresa reclamaba al Gobierno 1.770 millones: la inversión inicial aumentada de 1.350, más el valor del gas ya inyectado (186 millones) y los costes financieros (234 millones), aunque se tendrá que conformar con la primera cifra.
El sindicato bancario que se ha hecho con la operación, formado por el Santander, la rescatada y plagada de escándalos Bankia y La Caixa, adelantará los 1.350 millones a un interés de entorno al 4,5%. El total del coste socializado podría alcanzar los 3.000 millones. Del primero hasta el último, los pagaremos los ciudadanos. De haberlos conseguido el proyecto, los beneficios hubieran sido enteramente privados.
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