El Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy acordó la semana pasada aceptar la renuncia de la compañía Escal UGS a la concesión del depósito por 25 años, que le fue otorgada en 2008 por el anterior Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, una vez que los cientos de seísmos provocados por el proyecto en el litoral mediterráneo el año pasado obligaron a desestimar la continuidad del proyecto. La compañía está participada en un 66,67% por el grupo ACS, propiedad del también máximo mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez, y el resto por la sociedad canadiense CLP.
El síndic Rafael Ribó consideró “indignante” la decisión del Gobierno y anunció que durante las próximas semanas se reunirá con organizaciones de consumidores, los colegios profesionales afectados (los de abogados e ingenieros) y movimientos vecinales de la zona sur de la costa de Tarragona -la más afectada, junto con la del norte de Castellón- por los movimientos sísmicos, para estudiar las posibles iniciativas a adoptar.
