Perú es líder en tráfico de fauna silvestre

De cada diez animales capturados en estado salvaje y vendidos de manera ilegal, en el Perú solo uno llega a convertirse en mascota, el resto muere. Así lo aseguró la especialista en ecología política y conservación de primates, Noga Shanee, en una reciente entrevista realizada por Jhonny Salazar para la publicación Actualidad Ambiental.

Shanee, de origen israelí, lleva nueve años recorriendo la Amazonía peruana junto al equipo de ambientalistas que conforman la ONG Neotropical Primate Conservation (NPC). Según esta organización, el panorama de tráfico de fauna silvestre en nuestro país es más crudo de lo que se estima.

Autoridades ambientales desinteresadas y denuncias ignoradas solo encabezan la lista, a esto le siguen policías que venden o regalan animales rescatados, organizaciones que evitan abordar el tema, traficantes impunes, vacíos legales, muy pocos animales liberados y una tupida red de corrupción. A ello se suman amenazas que reciben las personas como Shanee, quienes dedican su vida a defender la vida del ecosistema.

En abril del 2014 NPC realizó una investigación para observar el curso de las denuncias en casos de tráfico de fauna silvestre en el Perú. Dicho seguimiento permitió que muchas personas a nivel nacional les informaran y contactaran de manera confidencial para realizar sus denuncias a través de un correo electrónico (denunciafauna@gmail.com), creado específicamente con esa finalidad. Esto dio como resultado una denuncia colectiva cuya finalidad es llamar la atención pública.

Según Shanee, “de las más de 150 denuncias que he entregado a Serfor (Servicio Nacional forestal y de fauna silvestre), a las fiscalías o autoridades regionales, pocas fueron atendidas y pocos animales fueron rescatados como resultado de la denuncia. Peor fue el caso de los procesos legales: casi todos los casos fueron archivados sin nunca llegar al juez. Gente que se capturaba en sus casas con docenas de animales en peligro de extinción y personas traficando miles de pihuichos en cajas, están completamente libres sin ser juzgados”.

Shanee agrega que la situación se agrava en las denuncias realizadas sobre mala conducta de autoridades ambientales.

“La impunidad es muy fuerte y estos casos están derivados de una autoridad a otra por mucho tiempo sin una respuesta definitiva. Y la misma gente sigue cometiendo los mismos presuntos delitos que nunca fueron investigados”, señala.

Para esta especialista, el Perú tiene el más alto nivel de tráfico en América Latina y una de las más bajas respuestas del Estado frente el problema. Lo más grave de todo es que la gente no sabe dónde hacer las denuncias o tiene miedo de las represalias si lo hacen.
En el Perú no existe un centro público de rescate oficial, solo hay iniciativas privadas o antiguos zoológicos que fueron legalizados por el gobierno regional como “centros de rescate”, pero que generalmente carecen de ambientes adecuados o de atención veterinaria. Por otro lado, las autoridades están poco capacitadas –o no lo están- para recibir y hacer el seguimiento correspondiente a las denuncias.

“Muchas veces yo misma he tenido que explicar las leyes y sus implicaciones a las autoridades regionales y a fiscales. Había confusión sobre los animales que debían ser intervenidos y los que no, desconocimiento en qué casos se considera una actividad ilícita, una infracción o un delito; desconocimiento para identificar las especies, cómo manipularlas y, en general, todos los problemas relacionados al mantenimiento de la fauna silvestre en cautiverio”, explica Shanee. “La mayoría de las autoridades no ve la tenencia de fauna como mascotas como un crimen de verdad. Es muy común escuchar a policías, fiscales y funcionarios regionales, en la mitad de las intervenciones de fauna, burlándose sobre lo rica que es la sopa de motelo o cómo quisieran llevarse a sus casas a alguno de los loros decomisados. Esto, obviamente, no es una manera de dar confianza ni educar a los intervenidos”.

Los monos grandes, como el mono choro (lagothrix sp.) y los maquisapas (Ateles sp.), son de las especies más codiciadas por los traficantes. Se estima que por cada mono que llega a ser mascota en una familia, un promedio de 10 monos deben de morir. Los loros también se ven muy afectados por el tráfico. Shanee menciona el caso de un rescate de 1,000 pihuichos que fueron traficados en apenas 11 cajas pequeñas y en terribles condiciones.

Fuente: Noticias ambientales internacionales