Defensores del planeta

Seis activistas de Perú, Camboya, Tanzania, Puerto Rico, Eslovaquia y Estados Unidos han sido galardonados con el 'Nobel Verde' por su lucha por el medio ambiente

Luchar por proteger el medio ambiente es una tarea de héroes. Cientos de personas anónimas arriesgan sus vidas al oponerse a poderosos intereses económicos para, por ejemplo, detener la construcción de una destructiva presa o frenar la tala ilegal. El Premio Medioambiental Goldman, considerado como el Nobel Verde, pone cada año cara y nombre a algunos de ellos. En la presente edición ha reconocido a seis “tenaces activistas” de Perú, Camboya, Tanzania, Puerto Rico, Eslovaquia y Estados Unidos por sus logros significativos para detener el deterioro de nuestro entorno y proteger a sus respectivas comunidades.

Máxima Acuña es uno de los premiados. La agricultora peruana vive en un remoto rincón de la Sierra Norte conocido como Tragadero Grande, en el departamento de Cajamarca. La mitad de esta región se ha destinado a la industria minera, un sector que ha crecido vertiginosamente en el país durante las dos últimas décadas. Allí se encuentra la mina de oro y cobre a cielo abierto de Yanacocha, una de las más grandes del mundo, que está en manos de la sociedad anónima Minera Yanacocha, constituida por la empresa estadounidense Newmont Mining Corporation (51,35%), la peruana Compañía de Minas Buenaventura (43,63%) y la Corporación Financiera Internacional (5%), perteneciente al Banco Mundial.

A finales de 2010, las multinacionales pusieron en marcha el proyecto Conga con el objetivo de ampliar la explotación minera. Pero toparon con Acuña: su casa y cultivos son la vía de entrada a la laguna Azul, que quieren utilizar como depósito de desechos. Además, el plan prevé trasvasar el agua de cuatro lagunas hacia cuatro grandes depósitos y amenaza las cabeceras de cinco cuencas hidrográficas.

Desde entonces, Acuña batalla diariamente para que no la expulsen de su territorio ni destrocen su entorno. El proyecto está paralizado desde 2012, pero ella asegura que las amenazas hacia su persona son constantes. Hoy, su vivienda está cercada por una cerca de alambre y sus movimientos están controlados por las autoridades.

En Camboya, unos de los países más peligrosos del mundo para los activistas medioambientales, Leng Ouch trabajó en la clandestinidad para documentar el negocio de la tala ilegal. Los bosques son un recurso vital para la gran mayoría de camboyanos, puesto que el 80% vive en zonas rurales y dependen de la agricultura a pequeña escala para subsistir. A pesar de ello, la deforestación avanza imparablemente.

A principios de siglo, el gobierno empezó a emitir concesiones de tierra a largo plazo para promover el desarrollo agrícola a gran escala, como las plantaciones de azúcar y el caucho. Pero esta reforma resultó ser una forma de encubrir la tala ilegal de especies forestales como el palo rosa, muy demandado por la clase media china.

Ouch, infiltrándose en el sector, reunió las pruebas de las operaciones ilegales e hizo públicos los documentos que destapaban una trama de corrupción entre las empresas madereras y los funcionarios gubernamentales a todos los niveles.

En 2014, como resultado del creciente descontento entre la población y la presión cada vez mayor de la comunidad internacional, el gobierno canceló 23 concesiones de tierra que cubrían unas 89.000 hectáreas de bosque, incluidas las que afectaban al Parque Nacional Virachey, un área de gran biodiversidad situada al noreste del país.

Tierras comunitarias

En Tanzania, el masai Edward Loure protege a su pueblo y sus tradiciones. Trabaja en la organización local Ujamaa Community Resource Team, que desde hace 20 años defiende los derechos de las tierras comunitarias y el desarrollo sostenible en el norte del país africano.

A partir de la década de 1950, el establecimiento de parques nacionales obligó a los pueblos indígenas a dejar sus tierras, un conflicto que ha ido en aumento en los últimos años debido al boom de concesiones de tierras para la floreciente industria los safaris de caza y turismo.

Loure lideró una propuesta para dar la propiedad a las comunidades indígenas y no a individuos. Con el título legal, aprobado por primera vez por el gobierno en 2014, los indígenas pueden coexistir con las comunidades asentadas manteniendo su estilo de vida. De momento, este sistema ha conseguido garantizar la protección de más de 80.937 hectáreas de tierra para futuras generaciones. Ahora, el activista busca reproducir el modelo a lo largo y ancho del territorio tanzano y sumar cerca de 283.000 hectáreas en los próximos dos años.

Luis Jorge Rivera Herrera capitaneó una exitosa campaña para el establecimiento de una reserva natural en el Corredor Ecológico de Puerto Rico. Se trata de una zona de enorme importancia biológica, puesto que es el hogar de más de 50 especies raras, amenazadas o en peligro de extinción. Es, por ejemplo, uno de los sitios de anidaje más importantes para el tinglar (tortuga laúd), el quelonio marino más grande del mundo, que está en peligro de extinción.

La zona fue amenazada a finales de los años 90 por la construcción de dos grandes complejos turísticos que hubieran destrozado el corredor, amenazado el suministro de agua local y limitado el acceso a la playa pública de la población autóctona. Pero gracias al trabajo llevado a cabo por la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CPCENE), bajo el liderazgo de Rivera Herrera, mediante campañas mediáticas y litigios, se logró detener las construcciones y lograr que el paraje sea designado reserva natural.

Desde 1960, el pueblo eslovaco de Pezinok, situado al oeste del país europeo, sirvió de basurero para la Europa Occidental. Sin ninguna medida de seguridad ni permisos, los residuos tóxicos se amontonaban en un gran vertedero contaminando la tierra, el aire y el agua del pueblo. Los residentes sufrían las terribles consecuencias: altas tasas de cáncer, enfermedades respiratorias y alergias.

Ante tal desolador escenario, la abogada Zuzana Caputova, residente en la zona, promovió una exitosa campaña que llegó a su punto culminante en 2013 cuando los tribunales, tanto eslovacos como europeos, declararon que el vertedero era ilegal y ordenaron su cierre. La gran movilización conseguida estableció un precedente en la participación pública en la Eslovaquia poscomunista.

Y de Europa a Estados Unidos: en 2010 se aprobó la construcción de la mayor incineradora del país en Curtis Bay, una zona industrializada situada al sur de Baltimore (Maryland). El proyecto planteaba la quema diaria de unas 4.000 toneladas de basura llegadas de fuera de la ciudad a menos de kilómetro y medio de dos escuelas.

Destiny Watford motivó a los residentes para paralizar el proyecto. Junto con sus compañeros de la asociación Free Your Voice (FYV), salió a la calle y recorrieron los vecindarios encontrándose con una comunidad que se había acostumbrado a ser considerada un vertedero para el resto del estado. Y es que quienes viven allí conviven con refinerías de petróleo, plantas químicas y de tratamiento de aguas residuales y otras instalaciones altamente contaminantes. Watford logró que fueran capaces de unirse y, juntos, impedir su construcción.

Fuente: ecoavant.com