La protesta se presentó, a través de una carta, a la Bolsa de Valores y los reguladores del mercado del Reino Unido. En la misiva se señalan las conexiones directas entre el financiamiento recaudado en el AIM y la tala ilegal de al menos 11 100 hectáreas de bosques peruanos.
Las organizaciones indígenas y las oenegés acusan también a las empresas Cacao del Perú Norte, Plantaciones de Pucallpa y Plantaciones de Ucayali, las cuales habrían recibido el respaldo económico de United Cacao, compañía que financia sus operaciones con fondos recaudados en Londres.
“Este modelo de destrucción ilegal de los bosques, violación de los derechos indígenas y falta de respeto por las autoridades nacionales, no es el tipo de inversión que el Perú quiere ni necesita”, sentenció Julia Urrunaga, directora de Programas en el Perú para la Agencia de Investigación Ambiental.
Fuente: noticias ambientales internacionales
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