El glifosato ha sido calificado por la Organización Mundial de la Salud como "probablemente cancerígeno para los seres humanos". La nueva propuesta de la Comisión Europea enviada la semana pasada a los Estados miembros incluye considerables mejoras respecto a la propuesta inicial presentada en marzo, pero para más de 150 organizaciones ambientales sigue sin ser suficiente para proteger la salud de las personas y el medio ambiente.
La propuesta, que será debatida y votada el próximo miércoles 18 en el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, reconoce la gran preocupación que este tema ha generado en el público, pero propone que se renueve la autorización del glifosato hasta el 30 de junio de 2025 (nueve años), al contrario de los 15 propuestos inicialmente.
Además, según destacan las ONG no incluye ninguna restricción obligatoria en la línea de lo recomendado, por ejemplo, por el Parlamento Europeo (permitir exclusivamente el uso profesional, no permitir el uso en parques, zonas de juego y jardines ni el uso como desecante antes de la cosecha).
Ante esta situación, más de 150 entidades de distintos ámbitos entre las que se encuentran Ecologistas en Acción y Greenpeace, CCOO o SESPAS, la Asociación Española de Educación Ambiental y la Fundación Alborada, SESPAS, Fodesam y la Fundación Vivo Sano, piden al Gobierno que se oponga a la reautorización del glifosato y recuerdan que más de 300.000 españoles han firmado peticiones para que se prohíba este herbicida.
Las ONG cuestionan que la propuesta condiciona la autorización del glifosato a la evaluación de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) que debe estar completada para finales de 2017, por lo que les sorprende que se proponga reautorizar por nueve años.
También obliga a los solicitantes a presentar "datos confirmatorios" sobre el potencial del glifosato como disruptor endocrino hasta el 1 de agosto (después de caducar la autorización) y a que se excluya el adyuvante taloamina.
La propuesta también reconoce que el glifosato afecta al medio ambiente, que se debe reducir o prohibir el uso de plaguicidas en parques públicos o jardines, áreas de recreo y deportes, zonas escolares y de juegos infantiles y en las inmediaciones de los centros de salud.
Asimismo, recoge también que en la agricultura se debe aplicar la gestión integrada de plagas, así como otras alternativas, de cara a reducir la dependencia de los plaguicidas, pero deja en las manos de los Estados miembros la aplicación de medidas y restricciones para alcanzar estos objetivos.
Finalmente, consideran que ante las dudas abiertas respecto a sus potenciales efectos adversos, España y el resto de la UE deberían votar en contra de acuerdo con el principio de precaución y apostar las alternativas respetuosas con la salud y el medio ambiente que ya existen en el mercado.
Fuente: ecoticias.com
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