Ese valor es 7,7 veces superior al acuerdo que el Gobierno firmó con las mineras el pasado marzo, que calculaba el desembolso de cerca de 20.000 millones de reales (unos 5.600 millones de dólares) por parte de las empresas a lo largo de la próxima década para recuperar el ecosistema del río Doce, el más afectado por la riada.
Ese acuerdo, cuya impugnación ha sido solicitada por la fiscalía, pretendía evitar precisamente que el importe de la indemnización se fijara en los tribunales.
Según un comunicado de la fiscalía, el acuerdo vulneró varios principios constitucionales al no haber contado “con ninguna participación efectiva de los afectados en las negociaciones” y por “limitar” el aporte de fondos por parte de las empresas destinado a la adopción de medidas compensatorias.
Daños sociales, económicos y ambientales
La nueva demanda contempla la reparación de los daños sociales, económicos y ambientales causados por la rotura de dos diques de sendos depósitos de agua y residuos minerales en una explotación minera de Samarco, en la localidad de Mariana (Minas Gerais).
La ruptura de los diques causó una gigantesca riada tóxica que provocó incalculables daños a lo largo de 650 kilómetros de la cuenca del río Doce y además dejó a su paso 19 muertos, la mayoría en la propia mina y en el poblado de Bento Rodrigues, que fue sepultado por el barro.
La fiscalía responsabilizó a Samarco, a sus dos controladoras, las gigantes mineras Vale y la anglo-australiana BHP Billiton, además de al Gobierno brasileño y las gobernaciones de los estados afectados, Minas Gerais y Espírito Santo, a los que consideró que contribuyeron a la catástrofe por “omisión o negligencia”.
Para calcular el valor de la reparación, la fiscalía se basó en las inversiones que se han realizado para recuperar los daños del vertido de petróleo ocurrido en el Golfo de México en 2010, un desastre ambiental considerado “equivalente” al de Brasil, según estudios que maneja el Ministerio Público.
La indemnización también incluye los “daños morales colectivos”, por considerar que los daños trascienden los valores ambientales que pueden ser restaurados o compensados materialmente.
Fuente: noticias ambientales internacionales
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