Ese valor es 7,7 veces superior al acuerdo que el Gobierno firmó con las mineras el pasado marzo, que calculaba el desembolso de cerca de 20.000 millones de reales (unos 5.600 millones de dólares) por parte de las empresas a lo largo de la próxima década para recuperar el ecosistema del río Doce, el más afectado por la riada.
Ese acuerdo, cuya impugnación ha sido solicitada por la fiscalía, pretendía evitar precisamente que el importe de la indemnización se fijara en los tribunales.
Según un comunicado de la fiscalía, el acuerdo vulneró varios principios constitucionales al no haber contado “con ninguna participación efectiva de los afectados en las negociaciones” y por “limitar” el aporte de fondos por parte de las empresas destinado a la adopción de medidas compensatorias.
