El primer viaje oficial del rey Felipe VI junto a miembros del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy iba a tener como destino Arabia Saudí, pero tuvo que ser cancelado por la muerte del príncipe Turki bin Abdelaziz, hermano del actual monarca Salman.
La comitiva real iba a suponer la primera salida al extranjero del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, del de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna, y en ella también iba a participar el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Semejante despliegue se corresponde con la importancia de los negocios entre ambos países: por un lado el AVE a La Meca que construye un consorcio español, por otro, cerrar la construcción de cinco buques de guerra saudíes en el astillero público Navantia por 2.000 millones de euros.
No en vano, la industria de las armas española se ha beneficiado de las buenas relaciones diplomáticas entre la Casa Saúd y Juan Carlos de Borbón, que su hijo desea ahora mantener. En 2015, las exportaciones de armas más relevantes han tenido como destino Arabia Saudí y han alcanzado los 546 millones de euros, tal y como recoge el informe Exportaciones españolas de armamento 2006-2015, elaborado por el Centre Delàs con estadísticas oficiales.
En el análisis se concluye que las ventas de armas españolas se han multiplicado un 391% en la última década, hasta suponer un 4,4% de las exportaciones mundiales y el 1,5% del total de la balanza comercial española. Para ello ha sido clave el auge de las compras procedentes de Oriente Medio, cuyo peso pasó de ser irrelevante en 2006 a suponer casi un cuarto del total del pasado año.
El informe, firmado por la directora del Institut Catalá Internacional per la Pau, Tica Font, y el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Eduardo Melero, advierte que “estas exportaciones pueden considerarse ilegales si nos atenemos a la propia legislación española y europea sobre comercio de armas debido a la situación de inestabilidad existente en la región de Oriente Medio”.
La Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa prohíbe la concesión de licencias de exportación de armas cuando éstas “puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos”.
Es difícil encontrar una condición de la ley que no viole la monarquía absolutista de la Casa Saúd. Arabia Saudí lidera la campaña de bombardeos que una coalición de países árabes llevan a cabo sobre Yemen, operación que ha sido denunciada en repetidas ocasiones por haber masacrado a la población civil. También en Yemen se han encontrado lanzacohetes C-90 producidos por la empresa española Instalaza en posesión de los insurgentes hutíes y vendidos en un principio al Ejército saudí.
Respecto al respeto de los derechos humanos, el país alcanzó en 2015 su cota máxima de ejecución de presos en dos décadas, con al menos 151 víctimas documentadas por Amnistía Internacional. Entre ellas se encontraban personas cuyo único delito era la disidencia del régimen, o que cometieron los hechos por los que se les aplicó la pena capital cuando eran menores de edad.
El espectacular crecimiento de las exportaciones de armas españolas continuará en los próximos años, puesto que en 2015 el Gobierno ha batido el récord de autorizaciones para la exportación de material de defensa, con 10.676 millones de euros.
De hecho, pese a que en la primera legislatura de Mariano Rajoy al frente del Gobierno las exportaciones de armamento se vieron notablemente reforzadas (pasando de 2.153 millones de euros en 2012 a 3.720 millones en 2015), no es algo que el presidente guste de remarcar en las habituales loas a su gestión económica. Y es que la política que impera en este sector es el secretismo.
Las actas del comité encargado de validar las exportaciones, denominado JIMDDU (Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso) son clasificadas, al igual que los criterios que utilizan para validar o denegar cada solicitud. “Son muy laxos, flexibles, a la hora de interpretar los criterios que establece la ley para conceder una exportación”, explica a este medio el investigador Eduardo Melero. Sin embargo, “lo de la JIMDDU es solo una pieza del puzle”, señala.
“La política del Gobierno de favorecer la exportación está clara, y es algo que ha mantenido tanto PP como PSOE. Se visita Arabia Saudí, están las agregadurías de Defensa, los contactos privados gobierno a gobierno…”, continúa Melero. Todo un entramado opaco que hacen imposible una correcta fiscalización de la labor del Gobierno en lo referente a las ventas de armas, lo que explica, en parte, las elevadas cifras de comercio con Arabia Saudí. En 2015, la JIMDDU concedió 1.479 licencias. Solamente denegó cuatro, dos de ellas a Rusia —1 rifle de caza y 60 pistolas deportivas—, una a Israel —la de una sustancia propulsante de cohetes— y otra a Venezuela —recambios de motor—.
Fuente: librered.net
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si quieres hacer un comentario sobre este articulo, hazlo aquí, gracias.