En concreto, el 85 por ciento del bosque --3,1 millones de hectáreas-- serán territorio vedado para la industria maderera en un acuerdo que incluye a la administración, a los nativos y a los ecologistas.
Sí se permitirá la explotación de la madera en las restantes 550.000 hectáreas, pero solo bajo unas condiciones consideradas como las más restrictivas de Norteamérica.
