A la ofensiva penal que está desarrollando la Fiscalía española con peticiones de prisión contra sindicalistas y trabajadores por delitos de coacciones durante protestas y huelgas, hay que añadir la última propuesta de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que, además de una nueva reforma laboral, recomienda una ley orgánica de huelga que, entre otras medidas, supedite la convocatoria de paros a una votación secreta entre los trabajadores de una empresa.
Sin embargo, en el plano internacional, la ofensiva empresarial no pasa por la limitación de derecho, sino por la supresión como tal de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El debate, que no había aparecido en escena en más de medio siglo, lo abrió la Organización Internacional de Empleadores (OIE) -de la que forma parte la patronal española- en 2012, durante 101º Conferencia del organismo.
