Esta reducción "parece dar a los beneficiarios una ventaja selectiva que podría distorsionar la competencia en el mercado interior de la UE", según ha explicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado. Si Bruselas concluye que se trata de ayudas públicas ilegales, podría obligar a Berlín a recuperarlas.
La investigación de la Comisión responde a las numerosas denuncias recibidas de consumidores y rivales.
"Nadie puede sorprenderse por el hecho de que apliquemos la legislación de la UE que nos obliga a examinar todas las quejas que recibimos", ha dicho el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.
