Llama la atención
que en los tiempos de mayor corrupción política de la historia del
estado español, el gobierno del PP apruebe una ley para reprimir a la
sociedad civil organizada, a toda organización o persona que se movilice
contra la mafia. La seguridad ciudadana es una preocupación cuando el
desprestigio político llega a las más altas esferas de un país
devastado, saqueado, pisoteado por la delincuencia de guante blanco.
Ahora movilizarse,
manifestarse, ponerse una capucha, una careta de Anonymous, convocar en
las redes sociales una movilización puede costar muy caro, rodear la
cueva de Alí Babá o Congreso, poner a caldo a los Borbones, sacarle una
foto o grabar un vídeo de las agresiones policiales, todo lo que no sea
políticamente correcto generará multas millonarias, que casi nadie podrá
pagar. Miles de euros para financiar con nuestro escaso dinero vicios
de estado a costa de un pueblo desesperado.
