La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado la
intención de reformar el artículo 185 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA) para facilitar la regularización de
viviendas ilegales construidas en suelo rústico.Resulta incongruente que se justifique esta decisión porque las viviendas ilegales construidas en parcelaciones ilegales “están en un limbo de inseguridad jurídica”. Debe recordarse que tal “limbo” lo ha creado la propia Junta de Andalucía con su permisividad durante décadas con el urbanismo ilegal, y con la especulación y corrupción urbanística. El limbo jurídico aparece por las promesas electoralistas que han recibido los delincuentes urbanísticos, que nos consta han mantenido varias reuniones con la Junta, que les ha garantizado que no se derribará nada, pero al no poder satisfacer sus demandas de legalización de todo lo ilegalmente construido, decide ahora, en una decisión sin precedentes, modificar las normas legales vulneradas para adaptarla a los intereses de los que las han infringido. Es por ello que recientemente los delincuentes ilegales se han manifestado pidiendo una “moratoria” para las órdenes de demolición, porque la Junta no ha sido clara en este aspecto y ha creado la esperanza de que tarde o temprano este tema se arreglará en beneficio de estos delincuentes urbanísticos, que todo se legalizará.
