Un año más ha zarpado la flota
ballenera japonesa hacia aguas antárticas para continuar con la práctica sin
sentido de cazar ballenas. Sin sentido, no solo a nivel ambiental, sino también
a nivel político (esta es una mancha negra en la reputación internacional de
Japón) y especialmente a nivel económico. Y es en este punto donde venimos
incidiendo desde hace unos años: de no ser por las ayudas públicas, a través
del dinero de los contribuyentes japoneses, la caza de ballenas no sería
viable.
Aunque lo venimos diciendo desde
hace tiempo, este año la asignación de ayudas a la flota cobra especial
relevancia, en un momento en el que Japón está intentando recuperarse del
tsunami y terremoto del 11 de marzo y el consecuente desastre nuclear de
Fukushima.
Para ponernos en contexto, la
industria ballenera se encuentra en números rojos. El consumo de carne
disminuye año tras año y, a pesar de que se ha reducido la temporada de caza y
el número de barcos que la realizan, la carne sigue acumulándose en los
almacenes.
La consecuencia de esto es una
deuda de 24 millones dólares que la industria no puede afrontar, a pesar del
subsidio de 10 millones de dólares que recibe anualmente. Sin embargo, este año
ha obtenido un paquete adicional de fondos de 30 millones de dólares que le ha
otorgado el Gobierno japonés. Con este empujón adicional la industria ballenera
podrá cubrir sus deudas y sacar la flota para seguir, incomprensiblemente,
acumulando carne congelada que no tiene salida en el mercado.
Si esto ya es de por sí
lamentable, lo es aún más si tenemos en cuenta que esta ayuda extra se aprobó
en el parlamento como parte del paquete de fondos destinados a la recuperación
tras el accidente nuclear de Fukushima. A todas luces ese dinero se invertirá
en saldar la deuda, algo que poco puede beneficiar a quienes deben recuperarse
de las tragedias que han azotado a Japón en este año.
Greenpeace, junto con otras
organizaciones japonesas, han vuelto a denunciar este hecho y han enviado un
escrito al gobierno japonés para que termine de una vez por todas con las
ayudas a la industria ballenera. Dinero público de los japoneses que va a parar
a una industria condenada a desaparecer pero que se niega a aceptarlo y que,
con la complicidad del gobierno japonés, no solo está dañando la biodiversidad
marina sino que también está perjudicando indirectamente a quienes intentan
recuperarse de la tragedia del 11 de marzo.
Fuente: Elvira Jiménez, campaña
de Océanos de Greenpeace
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