La denuncia de una nueva matanza en una aislada
comunidad indígena de la Amazonia ecuatoriana pone en duda el
cumplimiento por parte del Estado de medidas cautelares impuestas en
2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a favor de los
llamados pueblos no contactados.
Según
las informaciones en investigación, unos 30 taromenane habrían muerto
el 29 de marzo a manos de rivales de grupo huaorani, siete años después
de la exigencia de la Corte Interamericana de proteger a los pueblos en aislamiento voluntario.
El gobierno asegura que hace todo lo posible, pero organizaciones de las sociedad civil creen que no.
La
Fiscalía investiga la matanza de la que se tuvo los primeros indicios a
comienzos de mayo, pero la indagación está aún en su fase previa.
Kawetipe
Yeti, presidente de la Federación Huaorani del Ecuador, aseguró que
hubo 30 víctimas taromenane, algunas niñas y niños, en una acción de
venganza por un incidente previo de un grupo de su etnia, ocurrida cerca
del río Tiguacuno, en el Parque Nacional de Yasuní. Antes, un huaorani
que dijo haber liderado el ataque dio una cifra inferior.
Los
taromenane y los tageri constituyen los últimos pueblos de la
nororiental cuenca amazónica ecuatoriana en aislamiento voluntario.
Oficialmente, cuentan con una zona intangible de más de 700.000
hectáreas, creada en 1999 para proteger el lugar de cualquier actividad
que pueda alterar la biodiversidad y la cultura etnológica.
Sus
últimos enfrentamientos con indígenas de pueblos parcialmente abiertos a
la civilización dominante, como los huaorani, reactivan las dudas sobre
esa protección y generan críticas a la actuación del gobierno y sobre
el impacto del modelo de desarrollo en una zona rica en petróleo,
minería y madera.
La
Corte, que es parte del sistema de la Organización de los Estados
Americanos, demandó en 2006 al Estado ecuatoriano que “adopte medidas
efectivas para proteger la vida e integridad personal de los miembros de
los pueblos tagaeri y taromenane”.
La
disposición agrega que las autoridades deben tomar “las medidas que
sean necesarias para proteger el territorio en el que habitan,
incluyendo las acciones requeridas para impedir el ingreso de terceros”.
Para
cumplir con estos requerimientos, Ecuador lanzó un año después el “Plan
para proteger la vida de los pueblos no contactados
Tagaeri-Taromenane”, como parte de una política nacional para los
pueblos que eligen permanecer sin contacto externo.
Esa
política propone entre sus líneas estratégicas “asegurar la existencia e
integridad física, cultural y territorial de los pueblos en
aislamiento voluntario”.
El
gobierno estableció entonces como prioridades la prohibición del
ingreso a la zona de protección de esos pueblos de cualquier agente
externo con fines ajenos al imperativo de protección social y ambiental.
La
excepción son otros pueblos originarios de la zona, como los huaorani,
con unos 4.000 integrantes, frente a los 300 taromenane y 30 tageri, en
un país con 14,6 millones de habitantes, donde siete por ciento se
autodefinen como pertenecientes a alguno de los 14 pueblos indígenas.
También
se determinó que los militares podrán ingresar al territorio por
razones de seguridad nacional previstas legalmente y que se dará
atención prioritaria a los ecosistemas amazónicos donde existan pueblos
en aislamiento voluntario.
Tras
la denuncia de la nueva matanza, el gobierno informó que en 2012 un
equipo técnico del Ministerio del Interior “realizó alrededor de 200
patrullajes en la zona intangible, a fin de determinar la posible
presencia de grupos de pueblos en aislamiento”.
El
objetivo de esos patrullajes, se explicó, es “establecer planes de
protección, así como determinar acciones para evitar el contacto con
colonos o grupos nativos occidentalizados” por el equipo que ejecuta la
política para estos pueblos desde 2010.
Añadió
que también se realizaron visitas a varias comunidades indígenas de
pueblos no aislados para recolectar información sobre posibles
avistamientos físicos, humanos o materiales de los pueblos protegidos.
Pero
las organizaciones de la sociedad civil consideran insuficientes estos
esfuerzos y aseguran que si las medidas hubieran sido más efectivas,
estos episodios violentos podían evitarse.
Por
ejemplo, la exdiputada de izquierda María Paula Romo señaló que “pensar
que se trata de un enfrentamiento entre indígenas o entre clanes es una
inaceptable forma de desvincular responsabilidad en lo que está
sucediendo”.
Para
ella, además de acciones concretas en este conflicto, “el tema de fondo
debe ser una revisión honesta y profunda del modelo de desarrollo en la
Amazonia”.
Lo mismo cree Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) .
“El conflicto no se puede reducir a un enfrentamiento entre pueblos
hermanos”, pues “sería caer en lecturas políticas mal intencionadas”,
dijo a IPS.
“Muchos
buscan mostrar al mundo que esto es un ‘problema entre indios’ y no lo
que es: resultado de un proceso extractivista que aumentó la presión
sobre los pueblos indígenas. Este es un problema nacional”, dijo el
líder de la mayor organización indígena ecuatoriana.
Cholango
denunció que la imposición de ese modelo acarreó que los pueblos
aislados voluntariamente pierdan su forma de vida, su hábitat, comida,
animales, entre otras cosas, lo que les obliga a defenderse, incluso
entre ellos mismos.
En
cambio, Juan Sebastián Medina, director del Plan de Medidas Cautelares
del Ministerio del Interior, cree que el conflicto “no puede ser
entendido como una manera de presión política, ni una manera de presión
maderera o petrolera”.
“Hay que entenderlo desde una cosmovisión”, planteó en declaraciones públicas.
El
presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó el 26 de mayo el
problema como “extremadamente complejo”, al referirse al pedido de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizado 10 días antes, de
terminar el conflicto entre las naciones indígenas amazónicas.
“La
ONU acaba de declarar que el gobierno ecuatoriano tiene que proteger la
vida de los no contactados. Maravilloso. Que nos digan cómo”, señaló.
Es muy complicado “proteger la vida de los no contactados sin
contactarlos”, reflexionó.
Un
grupo de antropólogos también se ha pronunciado y el miércoles 29 envió
16 recomendaciones a las autoridades para que busquen soluciones reales
al tema.
Una
de las primeras es que “el Estado realice una investigación pericial
que determine y logre brindar una comprensión profunda de los factores
internos de la dinámica huaorani, de la relación huaorani-taromenane y
con otras familias o grupos aislados”.
También
proponen que el Estado incorpore al análisis los factores del contexto
de la economía política de la región amazónica, como “el modelo de
desarrollo extractivo vinculado a la explotación de hidrocarburos”.
Estos
especialistas, al igual que la Conaie y defensores de los derechos
indígenas, consideran que es “improcedente reducir el conflicto
únicamente a la confrontación entre huaorani y taromenane, en desmedro
del entendimiento de los factores históricos, económicos y políticos
circundantes, que han agudizado las tensiones internas”.
Por ahora se espera que las investigaciones judiciales concluyan para conocer los extremos del último enfrentamiento.
Por
su parte, Correa informó que también se investigarán posibles omisiones
e inobservancias de las autoridades en la protección de los pueblos no
contactados. Además, se estudia la conveniencia de crear un organismo
que se encargue directamente de la atención a esos pueblos que desean
permanecer aislados.
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