Como
conscecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio
entre los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos, una medida impide a
campesinos almacenar semillas y permite solo la compra de
“certificadas” como las de Monsanto y Dupont.
Desde el 19 de
agosto pasado, Colombia ha vivido una serie de manifestaciones de origen
campesino y agrario, esto a causa de la entrda en vigor de un Tratado
de Libre Comercio entre Estados Unidos y el gobierno del país
sudamericano que, en términos generales, privilegia los intereses de
grandes corporaciones de alimentos genéticamente modificados sobre el
bienestar de agricultores y aun de la misma población nacional.
Las
protestas se han presentado en diversos puntos del territorio
colombiano, con participantes que se cuentan en decenas de miles y
protagonizadas por algunos de los sectores más importantes del campo,
entre ellos los de los arroceros y los cafetaleros.
Asimismo, en días
recientes se han sumado otros grupos como el de los mineros, el de los
pequeños productores, transportistas e incluso el sector salud, una
tendencia solidaria que de algún modo demuestra que, en el fondo, el
problema no es solo de los campesinos, sino que más bien se vive una
situación generalizada de desigualdad social con causas comunes.
Sin
embargo, en el caso específico delas protestas agrarias, hasta ahora el
principal motivo de descontento es la llamada Resolución 970 del
Instituto Colombiano Agropecuario, la cual prohíbe a los campesinos
almacenar semillas de sus propias cosechas para siembras futuras y, a
cambio, permite únicamente la compra de semillas “certificadas”, un
recurso legal en el que algunos han visto el favoritismo franco para
empresas multinacionales como Monsanto, Dupont y Syngenta, las más
importantes en el mercado de los alimentos transgénicos.
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