Ruiz-Gallardón excluye a las organizaciones ecologistas y deja indefenso al medio ambiente

Las reformas legales impulsadas por Ruiz-Gallardón entorpecen el acceso de las ONG y los ciudadanos a la justicia ambiental. El proyecto de Ley niega a las organizaciones de defensa del medio ambiente el trato que tienen las ONG de consumidores, los sindicatos, la Cruz Roja o las asociaciones de víctimas del terrorismo

El derecho de la sociedad al medio ambiente, reconocido por la Constitución y las directivas europeas, queda en entredicho. Si el Parlamento no enmienda este proyecto de ley, las ONG denunciarán ante la Comisión Europea el incumplimiento de los tratados internacionales y la normativa comunitaria de defensa ambiental

El proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, impulsado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y presentado en Consejo de Ministros el pasado 21 de febrero, supone un duro golpe para la defensa del medio ambiente en España. En opinión de los principales grupos ecologistas, la propuesta del Gobierno perjudica seriamente la capacidad de las ONG ambientales y de la sociedad para defender el medio ambiente y el patrimonio natural.




Debe recordarse que las ONG ambientales defienden un derecho fundamental como es el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”, reconocido en el artículo 45 de la Constitución Española y amparado por las directivas europeas y el Convenio de Aarhus, ratificado por España en 2005. Además, las normas internacionales obligan a que haya un reconocimiento expreso y sin ambigüedad para que las ONG ambientales de utilidad pública estén legitimadas como organizaciones que defienden el bien común y puedan actuar sin trabas en todos los órdenes jurisdiccionales.

Sin embargo, el proyecto de Ley elaborado por el ministerio de Ruiz-Gallardón dificulta a las ONG ambientales el poder beneficiarse de la gratuidad de la Justicia. En cambio, sí que introduce modificaciones para que las asociaciones de consumidores y de víctimas del terrorismo puedan acceder a la justicia gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de ingresos, introduciendo en este caso una discriminación de difícil justificación respecto a las organizaciones ambientales.

La reforma de Ruiz-Gallardón introduce, además, nuevas trabas a la defensa del medio ambiente. La propuesta es que a partir del tercer caso anual haya que demostrar que no se está abusando del beneficio de justicia gratuita, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y supone un absurdo para las ONG ambientales, sobre todo las de ámbito nacional, que velan por el respeto a las normas ambientales en todo el territorio y tienen que actuar ante los tribunales en numerosas ocasiones. Hay que recordar que algunos de los ataques más graves contra el medio ambiente en España han podido ser llevados ante la Justicia gracias a la actuación responsable de las ONG ambientales que han velado por el interés público.

Además, el proyecto de Ley exige el requisito de que el representante legal de la ONG tenga que ratificar personalmente cada recurso que se interponga y también obliga a las ONG a tener que acreditar de nuevo la insuficiencia de recursos en caso de condena en costas.

Un proyecto injusto

En definitiva, el proyecto de Ley de Ruiz-Gallardón introduce demasiadas incertidumbres y hace que el proceso judicial sea excesivamente oneroso, e incluso injusto y poco equitativo para las ONG ambientales, grandes o pequeñas, que en su gran mayoría no tienen ánimo de lucro, defienden fines de interés general y emplean sus recursos en defender un interés colectivo o difuso como es el medioambiental.

En opinión de las organizaciones ambientales, este proyecto de Ley de Justicia de febrero de 2014 gratuita vulnera el Convenio de Aarhus y la Directiva 2003/35/CE, pudiéndose entender que el Gobierno español sigue sin transponer esta última de forma adecuada.


Las ONG ambientales esperan que el debate parlamentario sirva para corregir el texto presentado por el Consejo de Ministros y ya están estudiando recurrir a la Comisión Europea y a otras instancias internacionales el incumplimiento por parte de España de los tratados internacionales y la normativa comunitaria de defensa ambiental. Como dice el Convenio de Aarhus, en su artículo 1 se debe “proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar”.