Se trata de la entrega de 403 millones de euros por parte del Gobierno de entonces al empresario Bernard Tapie, amigo del Mandatario, por la reparación de supuestas pérdidas en la venta de Adidas por parte del banco Credit Lyonnais, de propiedad mayoritariamente estatal, refirió el diario El País de España.
El monto de la ayuda pública a Tapie fue decidido por una comisión de arbitraje, que el juez calificó como “simulacro”.
En este caso, hay imputadas cinco personas por presunta estafa de banda organizada, incluido Tapie; su abogado, Maurice Lantourne; Pierre Estoup, uno de los tres jueces que intervinieron en la comisión de arbitraje; Stéphane Richard, ex director de gabinete de Lagarde, y Jean-François Rocchi, presidente en aquel entonces del consorcio que gestionaba los fondos del Crédit Lyonnais.
Lagarde quedó imputada este martes en la noche, cuando compareció como testigo por cuarta vez ante los jueces. Señaló que no dimitirá de su puesto y apelará la decisión judicial.
Declaró, además, que considera “infundada” la acusación judicial de no haber sido vigilante sobre el procedimiento de adjudicación de la ayuda pública, y añadió que en tres años de investigación previa se había llegado a la conclusión de que ella no había cometido ninguna irregularidad.
El millonario Tapie vendió en 1993 Adidas al banco semipúblico Crédit Lyonnais. Era la condición que le impuso el ex presidente François Miterrand para designarlo como ministro.
Al poco tiempo, la entidad financiera vendió la empresa y obtuvo importantes ganancias, lo que llevó a Tapie a denunciar el caso y obtener, en primera instancia, una reparación de 135 millones de euros por daños más intereses. El Tribunal Supremo, sin embargo, anuló esta decisión.
En 2008, Sarkozy resarció con creces al empresario por las supuestas pérdidas. El Ministerio de Economía formó un “tribunal de arbitraje” que decidió otorgar a Tapie 403 millones de euros por aquel litigio, lo que escandalizó a una gran parte de la ciudadanía.
En medio de una investigación judicial, la Fiscalía acusó en 2011 a Lagarde de elegir una mediación privada en vez de recurrir a la vía judicial, que habría dotado de mayor neutralidad al proceso, y la criticó también por “conocer la parcialidad de dos de los tres árbitros” que intervinieron en la mediación y de incluir la figura del “daño moral”, lo que favoreció aún más los intereses de Tapie.
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