La multinacional transalpina quiere utilizar este dinero para adaptar la planta a la nueva normativa europea de emisiones contaminantes, que entra en vigor en 2020. Greenpeace recuerda tanto al Gobierno central como al autonómico que Enel registró durante el 2015 un beneficio neto de 2.196 millones de euros, un 324% más que los 517 millones del ejercicio precedente.
“Sería un escándalo que la ciudadanía tuviera que pagar las obligaciones legales que tiene una empresa millonaria como Enel para seguir con su negocio contaminante de quema de carbón”, ha declarado Tatiana Nuño responsable de la Campaña de Cambio Climático de Greenpeace.
Esta semana, Greenpeace se ha reunido con los grupos parlamentarios en las cortes de Aragón donde ha comprobado que tanto el PSOE como el PP apoyan las pretensiones de Enel, mientras que desde Podemos apuestan por trabajar en un plan de desarrollo alternativo al carbón para las comarcas sin conceder dinero público a las grandes eléctricas.
“Es necesario que todas las personas implicadas en este asunto busquen alternativas justas y respetuosas con el medio ambiente, y que se tengan en cuenta a las comarcas mineras para garantizar la viabilidad de su futuro”, ha añadido Nuño.
Greenpeace recuerda que para la térmica de Teruel, que también quema carbón importado, Aragón tiene fijados en su autorización ambiental integrada unos límites excesivos de emisiones contaminantes, muy superiores a los establecidos en la Directiva de Grandes Instalaciones de Combustión.
Además, las ayudas destinadas a las inversiones ambientales para el cumplimiento de las emisiones contaminantes son contrarias a la aplicación de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 por varios motivos:
Incompatibilidad con la normativa comunitaria e internacional. De acuerdo con las Directrices de la CE “Una medida para abordar un problema de adecuación de la producción se ha de conciliar con el objetivo medioambiental de eliminar progresivamente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente o la economía, incluidas las destinadas a los combustibles fósiles” y en este caso las ayudas irán destinadas a alargar la actividad de la quema del carbón. Además de que con el reciente acuerdo internacional del clima adoptado en París el pasado Diciembre hay que sumar los esfuerzos para no superar el 1,5 ºC de temperatura, para lo que hay que garantizar el abandono de los combustibles fósiles.
Incumplimiento de las normas de la Comisión Europea, pues una ayuda estatal será compatible con el tratado de funcionamiento de la Unión Europea si va más allá de las normas de la UE o incrementa el nivel de protección ambiental a falta de normas de la UE, pero en este caso la retribución sería para cumplir la normativa vigente.
Las ayudas no irían destinadas a favorecer la adaptación anticipada a futuras normas de la UE, sino que irían destinadas a cubrir los costes que las centrales térmicas tienen que afrontar de todos modos para cumplir con la ley.
No respeta el «principio “quien contamina paga”» pues sus beneficiarios son los responsables de la contaminación.
En definitiva, Greenpeace considera que la Unión Europea no puede aprobar este mecanismo, pues estaría incumpliendo sus propias directrices y que dada la sobrecapacidad eléctrica instalada en España, el cierre de las térmicas es perfectamente posible. La organización ecologista ya ha demostrado la viabilidad técnica y las ventajas económicas de un modelo energético eficiente e inteligente basado al 100% en energías renovables, necesario para evitar los problemas de contaminación atmosférica y los peores impactos del cambio climático.
Greenpeace es una organización independiente que no acepta dinero de gobiernos ni empresas para poder denunciar a todas aquellas personas o instituciones que amenazan al planeta. Solo el apoyo desinteresado de nuestros socios y socias hace posible nuestro trabajo.
Fuente: Greenpeace
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