El gobierno colombiano ignorará a finales de mes una patente del gigante farmacéutico suizo Novartis AG sobre un medicamento contra el cáncer y la abrirá a fabricantes genéricos, a menos que la farmacéutica suiza acepte rebajar los precios.
El ministerio de salud colombiano planea conseguir que el medicamento contra la leucemia, el Imatinib pero vendido bajo el nombre Gleevec o Glivec por Novartis, esté disponible a un precio más bajo, pese a recibir grandes presiones por parte de EEUU y otros países.
La cuestión es que Novartis, que ganó 4700 millones de dólares con el Imatinib-Gleevec el año pasado, ha disfrutado del monopolio de la patente del medicamento durante diez años, convirtiéndose en uno de sus productos más rentables (cerca del 10% de los ingresos de la firma).
La patente del Imatinib expiró el 1 de febrero en los EEUU, pero permancerá activa en Colombia hasta el año 2018.
Es decir, mientras en EEUU una versión genérica del medicamento puede ser utilizada para salvar vidas a un precio mucho menor, Colombia se ve obligada a seguir comprando el medicamento exclusivamente a Novartis, lo que representa un acuciante para las arcas públicas colombianas.
Por esa razón, el gobierno colombiano a través de su ministerio de salud, intenta impulsar la primera declaratoria de interés público en el país, para revocar dicha patente y beneficiar con ello a más de tres mil pacientes con leucemia mieloide crónica (LMC) y otros siete tipos de cáncer más.
¿Y cuál ha sido el resultado de esta maniobra?
Pues que Colombia está recibiendo presiones e incluso amenazas encubiertas por parte de miembros del senado de EEUU, que de forma muy sospechosa y significativa defienden los intereses de una multinacional suiza y tratan de impedir que Colombia siga adelante con sus intenciones de declarar el Imatinib de interés público.
En un acto absolutamente vergonzoso y altamente significativo de cuál es el papel real de los EEUU en el mundo, el jueves 28 de abril llegó al Ministerio de Salud una carta proveniente de la embajada de Colombia en Estados Unidos.
Era una misiva de un poco más de una página donde le advertían a Alejandro Gaviria, ministro de salud de Colombia, que su intención de someter el imatinib a una licencia obligatoria, estaba causando molestias en el Comité de Finanzas del Senado de EEUU.
En cinco párrafos la carta deja bien claro a Gaviria que Everert Eissenstat, staffer del Comité de Finanzas del Senado de EEUU, mostró la molestia que la iniciativa colombiana provocaba en los EEUU.
La carta advertía que romper la patente de Novartis para el medicamento contra la leucemia Gleevec podría afectar el apoyo de Estados Unidos a la propuesta de Colombia de unirse al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) e incluso poner en riesgo los 450 millones de dólares que el país recibe de Washington para un acuerdo de paz con los rebeldes de izquierdas.
Los reportes siguieron a reuniones entre diplomáticos colombianos y funcionarios de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. y con un republicano en el Comité de Finanzas del Senado, cuyo presidente, el senador por Utah Orrin Hatch, tiene estrechos vínculos con la industria financiera.
De hecho, la carta afirma literalmente que “si el Ministerio de Salud no corrige esta situación, la industria farmacéutica en EEUU y los grupos de interés relacionados podrían llegar a ser muy vocales e interferir con otros intereses que pudiera tener Colombia en EEUU”.
“Asimismo, el Sr. Eissenstat mencionó que, a pesar de que NOVARTIS no es una empresa norteamericana, la industria farmacéutica de EEUU está muy preocupada por la posibilidad de que este caso se vuelva un precedente que podría aplicarse a cualquier patente en cualquier industria, lo que según él, podría llevar a que la reputación de nuestro país en materia de respeto a los derechos de propiedad intelectual se vea menoscabada y Colombia entre a ser parte de los países que tendrían un tratamiento especial”
De hecho, el mayor temor de estas grandes industrias y de sus esbirros pagados, es que las intenciones del ministerio de salud colombiano pueden sentar un precedente para que países con ingresos medios puedan contener el aumento de los precios de medicamentos complejos.
En años anteriores, países como Brasil e India ya han puesto en el punto de mira a las patentes de medicamentos, lo cual también les ha valido críticas por parte del gobierno estadounidense y grupos de la industria farmacéutica.
De momento, Novartis ha rechazado la propuesta del ministro Gaviria para rebajar el precio del Gleevec a 140 pesos (5 céntimos de dólar) por miligramo. Esto es menos de la mitad de su precio regulado actual, pero sigue estando muy por encima del de las versiones genéricas que fueron prohibidas en 2012 cuando, tras una década de litigios, un tribunal colombiano dio a Novartis la patente exclusiva de una de las dos variantes del medicamento.
Sin embargo, a pesar de los argumentos presentados por el Gobierno para la reducción en el precio del medicamento, Novartis respondió que no aceptaba la propuesta y por lo tanto no entraría a la negociación. Incluso, las autoridades suizas intervinieron a favor de laboratorio, presionando al gobierno colombiano.
Es muy difícil encontrar un caso que hable más claramente de cómo funcionan las cosas en realidad y de cuál es el auténtico papel de la industria farmacéutica en el mundo: curar a las personas les importa literalmente un rábano, lo único que buscan es el negocio y si para ello han de amenazar a través de sus esbirros políticos a un país entero o han de condenar a morir a miles de personas y que no puedan recibir tratamiento, pues lo hacen y ya está.
El caso además es un ejemplo palmario de cuál es el auténtico papel de los políticos occidentales y de cuál es su rol de perros amaestrados al servicio de las grandes mafias multinacionales y en este caso concreto, farmacéuticas.
Asimismo es una advertencia de lo que sucederá en un futuro inmediato si los grandes tratados como el TPP o el TTIP no son detenidos a tiempo.
Una vez implantados, el control que estas multinacionales tendrán sobre los países será total y nadie podrá impulsar ninguna iniciativa que ponga en peligro sus intereses.
Entonces, la vida de los ciudadanos no valdrá ni un céntimo y podrán hacer lo que quieran con nosotros sin ningún impedimento…
Fuente: elrobotpescador.com
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