Las
revelaciones de eldiario.es sobre el sobreseimiento de una sanción de casi
600.000 euros al ayuntamiento de La Puebla de Montalbán por el vertido de aguas
contaminadas procedente de la depuradora municipal son de extrema gravedad.
Según los
datos publicados, la depuradora carecía desde 2012 de autorización de vertido
por infracciones previas cuando entre septiembre y noviembre de 2014 dio lugar
a un nuevo vertido que contaminó gravemente el río Tajo. La Confederación del
Tajo estimó en tres millones los litros de agua “con una carga alta
contaminante” que se vertieron al arroyo Cañares y de aquí al Tajo.
Probados los
hechos por los análisis e informes técnicos del área de calidad de aguas de la
Confederación del Tajo, y verificada también tanto la falta de autorización de
vertido como la reincidencia, se resolvió sancionar por infracción muy grave al
ayuntamiento como titular de la depuradora, lo que conllevaba una multa de
454.000 euros y una indemnización por daños en el dominio público hidráulico de
136.000 euros. Algo perfectamente razonable dados los hechos y que habla bien,
al menos en esta ocasión, del ánimo de la Confederación de perseguir y
sancionar la contaminación en el Tajo.
